Cuando la pandemia por coronavirus comenzó en medio de la campaña presidencial de 2020, los funcionarios electorales de todo Estados Unidos se enfrentaron al enorme gasto de comprar de todo, desde mascarillas para los trabajadores electorales hasta máquinas de recuento de votos para manejar un aumento en el voto por correo.
El Congreso solo proporcionó una parte del dinero necesario y a los estados afectados por la recesión les quedaba poco en sus arcas. Los funcionarios electorales encontraron ayuda de una fuente poco probable: Mark Zuckerberg, el fundador de Meta Platforms Inc, quien concedió más de 400 millones de dólares en subvenciones para que los estados pudieran comprar el equipo necesario para un proceso electoral único.
Ese dinero se ha convertido ahora en un objetivo. Los republicanos de al menos 28 estados que solicitaron y recibieron las subvenciones de Zuckerberg en las profundidades de la pandemia ahora aprobaron o están trabajando en proyectos de ley que prohibirían futuras subvenciones privadas para los funcionarios electorales, alegando en ocasiones que las donaciones de Zuckerberg ayudaron a influir en las elecciones a favor del presidente Joe Biden.
Veintiocho de esos estados habían solicitado y recibido subvenciones financiadas por Zuckerberg.
Los proyectos de ley son parte de un impulso más amplio en los estados liderados por los republicanos para endurecer las leyes electorales a la luz de las falsas afirmaciones del ex presidente Donald Trump respecto al fraude electoral generalizado. Los patrocinadores de la prohibición, respaldados por el grupo conservador Heritage Action, dicen estar preocupados por la influencia privada en la más democrática de las funciones gubernamentales: proporcionar la infraestructura para que la gente vote.
Zuckerberg, quien ya se enfrenta al escepticismo de los conservadores que afirman que Facebook es parcial en contra de ellos, proporcionó un papel conveniente.
Durante la firma de un proyecto de ley en Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis se burló de las donaciones como "dólares de Zucker" y dijo que las elecciones deben ser administradas por funcionarios locales y estatales, no por "magnates privados de la tecnología que vienen y básicamente comandan la maquinaria de las elecciones".
Florida solicitó y recibió 16.3 millones de dólares en este tipo de subvenciones en 2020.
Las subvenciones nunca fueron un plan A para las elecciones de 2020.
Cuando la pandemia llegó por primera vez con las inminentes elecciones presidenciales, los funcionarios estatales primero se dirigieron al Congreso. Los demócratas propusieron darles hasta 3,600 millones de dólares para medidas de seguridad, pero, ante las objeciones de los republicanos, esa cifra se redujo a 400 millones. Algunos esperaban un segundo proyecto de ley para repartir más dinero, pero nunca llegó.
Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, le dieron 419.5 millones de dólares a través de su grupo de inversión filantrópica, la Iniciativa Chan Zuckerberg (CZI), a dos organizaciones sin fines de lucro que distribuyeron las subvenciones: Center for Tech and Civic Life y Center for Election Innovation and Research (CEIR). En una declaración pública publicada en Facebook en octubre de 2020, Zuckerberg dijo que, idealmente, las elecciones serían financiadas públicamente.
"Para ser claro, estoy de acuerdo con los que dicen que el gobierno debería haber proporcionado estos fondos, no ciudadanos privados", escribió. "Espero que para futuras elecciones el gobierno proporcione una financiación adecuada. Pero, a falta de esa financiación, creo que es fundamental que se cubra esta necesidad urgente".
En respuesta a las preguntas acerca de las prohibiciones que están promulgando los estados, Kaelan Richards, portavoz de la oficina de la familia Chan-Zuckerberg, dijo: "Cuando la infraestructura electoral de nuestra nación se enfrentó a retos sin precedentes debido a la pandemia, Mark y Priscilla dieron un paso adelante". Señaló que 2,500 jurisdicciones de 49 estados solicitaron y recibieron fondos.
La percepción de la parcialidad de Facebook es un tema delicado para Zuckerberg. La red social de Meta en algunos casos ha evitado retirar contenidos de los republicanos que infringen las normas del sitio para parecer imparcial. Zuckerberg también financió una junta de supervisión independiente para revisar las decisiones más controvertidas de la empresa, como la suspensión de dos años de la cuenta de Trump después de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio.
Aun así, Zuckerberg sigue siendo un objetivo. En 2020, Arnold Schwarzenegger, exgobernador republicano de California, también ofreció 2.5 millones de dólares en subvenciones para ampliar el acceso a los votantes en zonas con un historial de discriminación racial, aunque su nombre rara vez aparece en el debate sobre los proyectos de ley.
A diferencia del dinero de Schwarzenegger, las subvenciones de Zuckerberg estaban abiertas a todos los gobiernos estatales y locales. Para evitar cualquier reclamación de parcialidad, el personal de las dos organizaciones sin ánimo de lucro invitó a las jurisdicciones a presentar solicitudes y luego financió plenamente todas las peticiones —excepto del estado de Luisiana, que le retiró una presentación a CEIR—, incluso volviendo a Zuckerberg para obtener más dinero.
Los funcionarios locales dijeron que las subvenciones eran fundamentales para contratar personal, educar al público acerca de los cambios en los procedimientos de votación debido a la pandemia y comprar equipos de protección, buzones y equipos de procesamiento de boletas electorales para manejar un aumento masivo de la votación por correo.
"Para nosotros fue un cambio de juego, porque el estado no estaba dando nada de dinero y el gobierno federal no estaba dándolo", dijo Bill Turner, quien se desempeñó como director interino de las elecciones en el Condado Chester, Pennsylvania, en 2020.
Las subvenciones se enfrentaron a desafíos legales en múltiples estados que finalmente fueron rechazados, con una solicitud de una orden judicial para detenerlos por la Corte Suprema de Estados Unidos en octubre de 2020.
En medio de los ataques de Trump a los resultados de las elecciones, el grupo conservador Heritage Action anunció que gastaría 10 millones de dólares para persuadir a los legisladores estatales de que prohíban cualquier subvención futura, proporcionándoles incluso la redacción exacta de su legislación. En un reciente mitin en Georgia, Trump atacó largamente la financiación de Zuckerberg, repitiendo teorías conspirativas relacionadas con buzones electorales y votos emitidos ilegalmente.
Algunos estados fueron más allá del esquema de Heritage, convirtiendo en un delito menor o incluso en un delito grave que un funcionario electoral acepte una subvención.
Las prohibiciones ya han sido promulgadas en Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Dakota del Norte, Ohio, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Utah, que en conjunto recibieron más de 141 millones de dólares en 2020, y han sido aprobadas por las legislaturas de Virginia, Virginia Occidental y Wisconsin.
Lindsey Curnutte, portavoz de Heritage Action, dijo que, incluso si las subvenciones no estaban destinadas a influir en el resultado de las elecciones, la participación de dinero privado debería plantear preguntas.
"Queremos asegurarnos de que los votantes tengan confianza en su voto y que no sientan que una organización privada externa está influyendo en las elecciones", dijo. Las subvenciones también fueron el objetivo de Thomas More Society, que presentó las demandas, y de Capital Research Center y Republican State Leadership Committee, que le han dado a conocer los proyectos de ley a los conservadores de base.
En Pensilvania, los legisladores estatales republicanos tienen previsto presentar un proyecto de ley que exija que todo el dinero de las subvenciones privadas sea distribuido por el Estado. En 2020, el condado de Chester, un suburbio de Filadelfia, pidió -—y recibió— 2.3 millones de dólares de Center for Tech and Civic Life para comprar una máquina que abre los sobres de las papeletas, un clasificador de boletas, buzones electorales y cámaras corporales para los empleados que recuperan las boletas de los mismos; y la contratación de 40 trabajadores temporales para dirigir dos oficinas por satélite y procesar las boletas, entre otras cosas.
Sin la financiación privada, Turner dice que el condado habría tardado una semana en terminar de contar las boletas en lugar de 36 horas. Como director de las elecciones en un suburbio crucial de un estado indeciso, su escenario de pesadilla era todo Estados Unidos esperando a que su personal terminara para saber quién era el presidente.
"Si alguien se acercara a ti y te dijera te vamos a dar 2 millones de dólares —sin condiciones— para mejorar el funcionamiento de tu organización, y tú hicieras las debidas investigaciones sobre ellos y no hubiera ningún problema, ¿lo aceptarías?", dijo. "Creo que habríamos estado locos si no lo hubiéramos hecho".
