En las elecciones intermedias de junio de 2021, el entonces candidato a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le arrebató a la oposición política el cargo de elección popular que hoy ostenta, con el 55,8 por ciento de la votación total, según el conteo rápido del INE (Instituto Nacional Electoral). El contrincante que obtuvo más sufragios después de él fue Mario Zamora, de la coalición del PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD (Partido de la Revolución Democrática) y PAN (Partido Acción Nacional), consiguiendo el 31,1 por ciento de los votos.
Actualmente, Rocha Moya gobierna bajo el amparo de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 2 de octubre de 2011 y, al igual que casi todos los mandatarios estatales morenistas que alcanzaron su triunfo en aquella contienda, el gobernador se apegó desde el primer día a las reglas, creencias y hasta máximas del presidente mexicano. AMLO pidió “lealtad ciega” y el sinaloense la practica todos los días.
Sentado en su escritorio y luciendo un atuendo muy desenfadado, sin aparentar lujos ni ostentar el poder que confiere su cargo, responde tajantemente a las preguntas, como lo haría cualquier ‘culichi’. Algunas son incómodas, otras no le atañen pero representan un reto, a unos meses de haber asumido la gubernatura.
El combate a la delincuencia organizada es el tema principal de la agenda estatal:
“La seguridad es un tópico preocupante para los gobiernos de México e, inclusive, del mundo. Nosotros somos seguidores del presidente López Obrador y nuestra estrategia es la de él. Necesitamos darles sentido de vida a todos los pobres que viven en la marginación, no solamente para que se alimenten, sino para otorgarles educación, cultura, deporte y una forma de vivir dignamente. La gente actúa muchas veces por hambre, por incultura, por falta de atención de las autoridades”.
En entrevista con Independent en Español, Rocha Moya asegura que es imperativo “el uso de la fuerza del Estado para prevenir y perseguir los delitos con el fin de evitar la impunidad”. Y remarca: “El delito que se comete y no se castiga es un delito que se vuelve a efectuar. Nosotros vamos a actuar en consecuencia y, en los tres meses que llevo al frente del Gobierno Estatal, lo estamos haciendo”.
Convencido de que la política anticrimen de “abrazos no balazos” de AMLO significa aplicar una acción preventiva para atender las causas que generan la criminalidad, el gobernador de Sinaloa asegura que la “asistencia económica y social, las oportunidades de trabajo, la generación de lugares de esparcimiento, las coberturas educativa y cultural, y atender los problemas de salud, son los abrazos que debe dar el gobierno”.
En administraciones anteriores, los sinaloenses sí fueron abrazados, pero por la delincuencia organizada. Según cifras de la FGE (Fiscalía General del Estado), tan solo en 2021, los municipios que registraron la mayor cantidad de delitos fueron Culiacán, con 10.139; seguido de Ahome, con 5.721; Mazatlán, con 4.717; Guasave, con 2.252; y Navolato, con 823. En los últimos cinco años, los delitos han ido al alza; solo en el caso de la capital sinaloense, en 2017, se registraron 9.624 delitos; en 2018, 9.814; en 2019, disminuyó levemente a 9.764 delitos; en 2020, tuvo otro ligero descenso con 9.607 pero en 2021, incrementó hasta 10.139 delitos.
El gobernador morenista asegura que “hay un estigma que vamos a combatir porque no somos un estado violento”. A diferencia de otras entidades de la República Mexicana, Sinaloa no se sitúa entre las más conflictivas, como en su momento lo fue durante el sexenio del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, entre los años 2006 y 2012; y como lo son ahora estados como Zacatecas y Guanajuato, territorios que están en disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
No obstante, Sinaloa está posicionada como la entidad que concentra más delitos del fuero federal en comparación con la Ciudad de México, en su división de “crímenes contra la salud”. Tan solo en 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contabilizó 20 casos de producción de estupefacientes en Sinaloa; mientras que en la capital del país únicamente se registraron dos. Respecto a casos de transportación de droga, en Sinaloa se contabilizaron 155; y, en la Ciudad de México, 43. En cuanto a posesión de enervantes, Sinaloa registró 136 casos que incluyen consumo; mientras que la capital concentró 57.
Por momentos, voltea a la pared de atrás, como queriendo que vean su constancia de gobernador para el periodo de noviembre de 2021 a octubre de 2027; sin embargo, lo que destaca es uno de los libros de AMLO en la parte superior de un gran mueble de madera. “A mitad del camino”, se intitula. El ejemplar permanece brilloso, intacto, está nuevo. Al parecer, aún no le ha quitado el plástico que lo protege para leerlo o siquiera hojearlo. Rocha Moya clava su mirada a la cámara y sigue contestando.
–¿Es posible gobernar Sinaloa sin pactar con los grupos del crimen organizado?
“Por supuesto. Ni nosotros ni el presidente López Obrador tenemos pacto con el narcotráfico. Atendemos lo que le corresponde al Gobierno Estatal, lo referente a los delitos del fuero común, los que persiguen nuestras instituciones locales. No tenemos necesidad de hacer un pacto con nadie. No lo tenemos”.
–No tiene pactos, dice; pero tampoco puede ser omiso a que existen personajes como Ismael “El Mayo” Zambada, que tienen una gran capacidad para operar negocios ilícitos en el estado…
“No puedes ignorar lo que hay en tu estado, pero no hay necesidad de tener relaciones, pactos o entendimientos con la delincuencia. Esa no es una de las inclinaciones que tenga mi gobierno. El mandato de López Obrador y el nuestro coinciden plenamente, ya que tenemos que estar alineados con la Estrategia Nacional de Seguridad, es decir, prevenir el delito, atacando las causas que lo generan; y aplicar el uso de la fuerza, para atender la persecución de la falta”.
“No puedes ignorar lo que hay en tu estado, pero no hay necesidad de tener relaciones, pactos o entendimientos con la delincuencia. Esa no es una de las inclinaciones que tenga mi gobierno”
El antecesor de Rubén Rocha Moya, el exgobernador del PRI, Quirino Ordaz Coppel, terminó su periodo al frente de Sinaloa –según los partidos políticos de oposición– “beneficiando a los grupos del crimen organizado”, en específico, a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”; y a Ismael “El Mayo” Zambada, el líder más longevo del cártel.
Y, es que de acuerdo con cifras del Gobierno del Estado de Sinaloa, durante el primer año de la administración de Ordaz Coppel se decomisaron 16.152 dosis de marihuana; en 2018, la cantidad de droga asegurada en la entidad disminuyó a 10.601 unidades; en 2019, solo se incautaron 1.017 empaques; en 2020, fueron 1.217; y hasta septiembre de 2021, se habían asegurado solo 234.
El incautamiento de metanfetamina durante la administración de Quirino Ordaz tuvo un rumbo similar. En 2017, aseguraron 29.118 dosis de cristal; en 2018, la cifra descendió a 12.842; para el año 2019, este monto representaba 2.089 unidades; en 2020, solo se aseguraron 2.140; y para 2021, las autoridades solo resguardaron 1.332. Respecto a la cocaína, durante los primeros 12 meses de su gobierno, fueron aseguradas 13.205 dosis; y al final de su mandato, solo confiscaron 154 dosis del polvo blanco.
De mantenerse dicha tendencia, el Cártel de Sinaloa con fecha de hoy, estaría operando con absoluta libertad e impunidad en la demarcación y, además, ejerciendo la máxima de la ‘pax narca’: “vive y deja vivir”. Una negociación o ‘pacto no escrito’ que afianzaría la complicidad entre el Estado y las agrupaciones criminales.
“Por ahora, no tenemos un plan para el caso [detener a ‘El Mayo’ Zambada o a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán]”
El gobernador se lleva la mano a la boca e insiste: “No tenemos pactos con el crimen organizado”. Y agrega: “Nosotros tenemos una mesa de seguridad todos los días, examinamos lo que ocurrió el día anterior y, con base en ello, reflexionamos y tratamos de tomar medidas para evitar la mayor incidencia delictiva posible”.
En diciembre de 2021, a solo unos meses de haber arribado a la gubernatura de Sinaloa, Rocha Moya fue testigo del poder del Cártel de Sinaloa y uno de sus líderes en ascenso: Aureliano Guzmán Araujo, alias “El Guanito”, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Los hechos ocurrieron en el bar Casanova, en el bulevar Diego Valadez, frente al hotel Lucerna, a 3 kilómetros del Palacio de Gobierno.
Según las versiones policiales, aquella madrugada se desató una riña entre los asistentes del bar y, uno de los implicados, sacó un arma y disparó hasta lesionar a un hombre. Se trataba de “El Guanito” y miembros de la célula criminal que comanda. De acuerdo con los vídeos de vigilancia del sitio, había por lo menos tres sujetos armados. Al incidente, llegaron agentes de la Policía Estatal y Municipal para interceptar a los agresores, pero al verse superados en número y poder de asalto, simplemente se retiraron del lugar.
–¿La fuerza del estado tiene la capacidad de manejar crisis de seguridad, como la que se vivió hace unos meses en el bar Casanova?
“Nosotros la manejamos. ¿Quién vino a manejarla? ¿Acaso Inglaterra o Estados Unidos vinieron a ayudarnos? ¡Pues no!”.
–No hubo aprehensiones o castigos por este hecho violento…
“Se le dio seguimiento, sí; pero no hay una persona física que esté bajo custodia porque escaparon. Sin embargo, se tomaron todas las medidas y evitamos que las cosas se agravaran. Fue un escándalo mediático, pero nosotros lo perseguimos, es decir, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Sí hay capacidad para esos operativos, sí hay capacidad de respuesta”.
Al solicitar información, tanto a la gerencia como al personal del bar Casanova por este hecho, decidieron rechazar la petición por temor a las represalias de las autoridades e, inclusive, de los grupos criminales de la zona.
Por su parte, Rocha Moya asegura que su gobierno tiene coordinación con todas las corporaciones de procuración de justicia estatales y federales; sin embargo, tras suscitarse la balacera en el bar Casanova y, meses antes, tras el denominado “Culiacanazo”, quedó por sentado que la actuación de la justicia en México apela más a las presiones políticas de EE.UU. que a un trabajo de inteligencia propio.
–Recientemente, la DEA (Agencia Antidrogas de EE.UU.) aumentó la recompensa a 5 millones de dólares para quien proporcione información que conduzca a la captura de los hijos de “El Chapo” Guzmán. A este respecto, ¿el Gobierno de Sinaloa trabaja en conjunto con agencias federales o internacionales para lograr la aprehensión de los presuntos sospechosos?
“No, no es competencia nuestra. Es competencia federal”.
–¿Y ustedes, como Gobierno Estatal, no apoyan al Gobierno Federal?
“Sí, apoyamos, si el Gobierno Federal nos invita. Aunque, muchas veces el Gobierno Federal actúa y, por temor a que los estados filtren información, no solicitan ayuda”.
–¿Tiene algún plan para aprehender a Ismael “El Mayo” Zambada, a los hijos de “El Chapo” Guzmán o algún integrante clave del Cártel de Sinaloa?
“Por ahora, no tenemos un plan para el caso”.
La cámara esconde su lente y el gobernador sinaloense toma un ejemplar del periódico local Ríodoce, uno de los más críticos del Gobierno Estatal. En la portada destaca, entre todos, un titular que parece una sentencia condenatoria para los sinaloenses: “Vendrán por los capos y el problema seguirá”.
Esta es la segunda parte de la investigación especial “Narcomundo: Sinaloa” de Independent en Español.
Para leer la primera parte, da click en el siguiente enlace.
