En una acción sorpresiva, la FGR (Fiscalía General de la República) anunció que ha iniciado una investigación contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras.
El anuncio lo hizo el titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), Pablo Gómez, quien aseguró que Peña Nieto, quien gobernó el país entre 2012 y 2018, recibió más de 26 millones de pesos al terminar su administración, en una cuenta bancaria que tiene en España, país en el que reside actualmente y donde se sabe que lleva una vida llena de lujos.
Gómez reveló que también se detectaron varias irregularidades fiscales y financieras en empresas de las que el exmandatario es socio. El funcionario aseguró que se descubrió que Peña Nieto se benefició con contratos por 10 mil millones de pesos otorgados a una firma trasnacional con la que tenía una relación simbiótica.
Según Gómez, los recursos de los que se benefició el expresidente “fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.
Al dar a conocer la investigación, el titular de la UIF precisó que el 21 de agosto de 2019 se transfirieron 16 millones de pesos desde Banamex a las cuentas de expresidente en el Banco Santander de España y que en octubre de 2021 se recibieron dos depósitos, de 5,7 millones cada uno, desde una cuenta de Banorte al Liberbank.
El director de la UIF agregó que también se sabe que Peña Nieto tiene relación con dos empresas, que nombró como A y B, que se fundaron antes de que se convirtiera en presidente y que han incurrido en varias irregularidades fiscales y financieras.
Empresas con irregularidades
“En el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados”, dijo. Y la empresa B, agregó, tiene vínculos con otra firma internacional que mantuvo contratos con el gobierno federal durante el sexenio de Peña, por 10.533 millones de pesos.
Gómez especificó que no sabe todavía de qué delitos podría ser acusado el expresidente, puesto que esta tarea le corresponde a la FGR. “La UIF solo hace acopio de información”, subrayó.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su postura es que no se hagan juicios sumarios.
“Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir: se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no”, subrayó.
El anuncio de la investigación llama poderosamente la atención porque, hasta ahora, nunca se ha encarcelado o investigado formalmente a un expresidente de México por actos de corrupción o malversación de fondos, a pesar de que a muchos se les señala como sospechosos de enriquecimiento ilícito.
Escándalo de la “casa blanca”
En el caso concreto de Peña Nieto, terminó su sexenio con una popularidad extremadamente baja debido, en gran medida, a las sospechas de corrupción y tráfico de influencias que pesaban sobre él.
Uno de los escándalos que más afectó su presidencia fue el caso de la llamada “casa blanca”, una propiedad millonaria que, según varios medios de comunicación, Peña Nieto y su entonces esposa, la actriz Angélica Rivera, adquirieron a un precio reducido gracias a que el dueño era contratista del gobierno federal.
Aunque el caso no tuvo repercusiones legales, sí empañó la imagen de Peña Nieto y de su partido, el PRI, que perdió de manera estrepitosa las elecciones de 2018, frente a López Obrador.
Cuando AMLO asumió la presidencia, una de sus principales promesas fue terminar con la corrupción y con la impunidad e incluso jugó con la idea de llevar a juicio a los expresidentes. Sin embargo, todo quedó en declaraciones. Para evitar tomar la decisión, sometió a consulta popular el enjuiciamiento a sus antecesores y, como supuestamente, la mayoría no lo aprobó, quedó en el olvido.
Muchos adversarios de AMLO creen que, en realidad, no le interesa investigar a los exmandatarios y menos aún a Peña Nieto por razones políticas. Algunos de sus rivales, como el priista Francisco Labastida, han señalado públicamente que López Obrador no ha querido tocar a Peña debido a que éste le ayudó en 2018 a obtener más votos al operar en contra de Ricardo Anaya, quien fuera candidato del PAN (Partido Acción Nacional) en las elecciones de ese año.
Queda por verse ahora si ese supuesto pacto de no tocar a Peña ha terminado debido a que López Obrador enfrenta cada vez más críticas por su falta de resultados en distintos frentes, entre ellos el combate a la corrupción.
La investigación no se enfoca solo en Peña Nieto. También se dio a conocer que Alejandra Lagunes, quien fue funcionaria durante el gobierno del priista, recibió 2 millones de dólares en efectivo como parte de los desvíos de dinero que se dieron en la Procuraduría General de la República Dominicana en un caso de corrupción al que se ha bautizado como Operación Medusa.
Las indagatorias sobre ese caso, que es el más grande que se ha dado en la nación caribeña, revelan que el exprocurador dominicano Jean Alain Rodríguez le pagó esa suma a Lagunes para que le ayudara a elaborar una estrategia de campaña presidencial. Lagunes es actualmente senadora del Partido Verde Ecologista de México.
