Uno de los mayores reveses que ha sufrido la administración Biden en el tema migratorio es el rechazo de la Corte Suprema a la solicitud de su gobierno para cambiar la política de deportaciones implementada durante la era Trump. Como resultado de ello, actualmente cualquier indocumentado en Estados Unidos puede ser sujeto de deportación.
Joe Biden había solicitado al Supremo imponer con carácter de inmediato una política de criterios de deportación de inmigrantes distinta a la que puso en vigor Donald Trump durante el tiempo en que estuvo en la presidencia, entre 2017 y 2021.
Básicamente, esa política permite que los agentes del Servicio de Inmigración (ICE) puedan detener y expulsar del país a cualquier inmigrante sin documentos legales para residir en el país, aun cuando no tenga antecedentes penales y demuestre que está bien establecido, con familia y trabajo.
Al llegar a la Casa Blanca, Biden dijo que su administración le daría prioridad a la deportación de criminales y sujetos considerados como un peligro para la sociedad.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó que esa nueva política se sustenta en la realidad de que Estados Unidos no puede ir en busca de todas las personas que están indocumentadas y no debería intentarlo, porque muchos han sido “miembros que han aportado a nuestras comunidades durante años”.
Sin embargo, a principios de junio, un juez federal en Texas anuló las normas establecidas por Biden para detener y deportar extranjeros. El magistrado Drew Tipton decidió fallar a favor de una demanda presentada por Texas y Luisiana, que buscaban mantener en vigor las prioridades establecidas por la administración Trump que pusieron en la mira de la deportación a todos los indocumentados.
Regla “arbitraria y caprichosa”
Tipton consideró que los criterios del gobierno de Biden no cumplían con los procedimientos administrativos y calificó su regla de prioridades de "arbitraria y caprichosa".
Esta acción obligó a la administración Biden a presentar una solicitud de amparo ante la Corte Suprema.
Por cinco votos en contra y cuatro a favor, los jueces del Supremo decidieron desestimar la solicitud de Trump y anunciaron que llevarán a cabo una audiencia oral sobre el controversial tema el próximo diciembre.
Esta fue la primera vez que participó en una votación la magistrada Ketanji Brown Jackson, quien fue designada por el presidente Biden y, pese a la oposición de algunos republicanos, fue confirmada por el Senado el pasado abril.
La política de deportaciones es otro de los elementos que ha causado que, tanto organizaciones defensoras de los inmigrantes, como republicanos y grupos de extrema derecha, critiquen a Biden.
Los primeros consideran que no ha hecho lo suficiente para cumplir su promesa de terminar con las políticas agresivas de la era Trump en contra de los indocumentados y los segundos lo acusan de ser demasiado flexible con la inmigración ilegal.
