Los incentivos de "compra ahora y paga después" que se ofrecen cada vez más en las páginas de pago de los sitios web atraen a muchos clientes, sobre todo porque la pandemia por coronavirus incrementó las compras por internet.
Pero el uso creciente de planes del tipo "compra ahora, paga después" también está atrayendo el escrutinio de las autoridades estatales y federales, por la preocupación de que esta práctica no esté lo suficientemente regulada.
Los planes permiten a los clientes pagar una pequeña parte del precio por adelantado, recibir el artículo y luego pagar el resto a plazos. A diferencia de las tarjetas de crédito, no se cobran intereses iniciales. Pero muchos consumidores pueden no entender del todo las implicaciones de estos planes, como las comisiones inesperadas y el posible daño a la calificación crediticia a causa de los retrasos en los pagos.
"Los consumidores pueden acumular muchas deudas sin darse cuenta", afirma Lauren Saunders, directora asociada de National Consumer Law Center. "No hay intereses, pero muchos de estos planes conllevan grandes cargos por demora, cosa que puede acumularse más que los intereses".
California está a la cabeza de las regulaciones, y a finales del año pasado clasificó los planes "compra ahora, paga después" como préstamos, sometiendo a las empresas que los ofrecen a las normas de préstamo del estado. Gracias a esta ampliación de la normativa, las autoridades californianas han perseguido con firmeza a un par de empresas que, según el estado, no informaban ni protegían lo suficiente a los consumidores.
Al menos un puñado de otros estados están examinando si es necesario ampliar las normas o establecer nuevos reglamentos. La Oficina Federal de Protección Financiera del Consumidor abrió el mes pasado una investigación referente a empresas que ofrecen créditos tipo "compra ahora, paga después", solicitando la opinión de los comerciantes que usan el servicio, así como de otros tipos de acreedores y consumidores.
Pero los reguladores han tenido problemas para clasificar el modelo de productos que las empresas venden y, por lo tanto, tienen dificultades para elaborar las regulaciones.
Los planes han crecido exponencialmente. Un informe de septiembre por parte de Accenture, una firma de consultoría financiera y de tecnología de la información, mostró que el número de usuarios de "compra ahora, paga después" en Estados Unidos creció más del 300 por ciento por año desde 2018, llegando a 45 millones en 2021.
Más del 37 por ciento de los estadounidenses había usado un servicio "compra ahora, paga después" en julio de 2020, según una encuesta de The Ascent, un servicio de revisión de productos de la empresa de asesoramiento de inversiones Motley Fool. Esa cifra aumentó a casi 56 por ciento en marzo de 2021. Si bien los planes de compra han surgido en internet, los minoristas de tiendas físicas también los usan.
La mayoría de los planes "compra ahora, paga después" requieren que el consumidor divida el costo de su compra en cuatro pagos, que suelen hacerse cada dos semanas. El comprador recibe su artículo con el primer pago. No se cobran intereses si el consumidor paga a tiempo. Los comerciantes le pagan una pequeña comisión —normalmente entre el 2 y el 8 por ciento— a las empresas que manejan el "compra ahora, paga después" y que proporcionan una financiación a corto plazo. En comparación, los comerciantes suelen pagar entre el 1.5 y el 3.5 por ciento a las compañías de tarjetas de crédito por el uso de ese servicio.
Algunas de las empresas de financiación del "compra ahora, paga después" cobran una comisión si el cliente se retrasa en el pago. Algunas, pero no todas, comunican las transacciones a las agencias de crédito.
Una encuesta hecha a finales del año pasado por Credit Karma, una empresa de servicios financieros, descubrió que más de un tercio de los encuestados que habían usado planes de "compra ahora, paga después" declararon haberse retrasado en los pagos.
Amanda Pires, portavoz de Afterpay, una de las empresas de "compra ahora, paga después" más usadas, con unos 15 millones de clientes, respondió por correo electrónico a preguntas acerca de la empresa, diciendo que "no es un préstamo ni un producto de crédito, lo que significa que no hay una deuda renovable ni se cobran intereses al consumidor. Nos enorgullece decir que el 95 por ciento de las transacciones nunca incurren en una comisión por retraso".
Pueden cobrarse tasas de retraso de hasta 8 dólares por pago, dijo, pero las tasas tienen un límite del 25 por ciento del importe del pedido individual. Si los clientes no pagan, se les prohíbe el acceso a la plataforma hasta que paguen, añadió.
Sin embargo, los reguladores y los expertos discuten el argumento de que los planes "compra ahora, paga después" no son préstamos. El Departamento de Supervisión de Negocios de California alegó en 2019 que Afterpay es, de hecho, una empresa de préstamos, y que estaba ofreciendo préstamos ilegales en el estado. El estado llegó a un acuerdo en el que Afterpay tuvo que reembolsar 905,000 dólares a los consumidores de California y pagar más de 90,000 dólares en tasas administrativas. La empresa también tuvo que obtener una licencia de prestamista del estado.
En su momento, Afterpay rebatió las acusaciones del estado en un comunicado, diciendo que no operaba ilegalmente. Pires escribió en un correo electrónico la semana pasada que la empresa sigue manteniendo esa declaración.
Tanto ella como los representantes de otras empresas de financiación al estilo "compra ahora, paga después" insisten en que los consumidores usan la plataforma como una herramienta presupuestaria, ya que pueden calcular el costo quincenal de la transacción y planificar el gasto.
California decidió regular las empresas "en definitiva, porque estos productos son préstamos", dijo Adam Wright, asesor principal del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, antes Departamento de Supervisión de Empresas.
"No fueron supervisados por supervisores financieros tan dedicados como los de nuestra oficina", dijo Wright en una entrevista telefónica. "Son préstamos y deberían estar regulados por alguien como nosotros, bajo una ley que otorga más protecciones para los consumidores".
En 2020, los reguladores de California concedieron una licencia de préstamo a la empresa de "compra ahora, paga después" Sezzle, luego de inicialmente haber rechazado la solicitud de la compañía. Aprobó la licencia después de que Sezzle, que había operado previamente en el estado argumentando que no necesitaba una licencia, pagara una multa de 28,000 dólares y devolviera 282,000 dólares a los californianos.
Penny Lee, consejera delegada de la Asociación Técnica Financiera, que representa a una serie de empresas "compra ahora, paga después" como Afterpay, Klarna, Sezzle y Zip, dijo que sus miembros están trabajando con los reguladores, tanto estatales como federales, para "garantizar que se cumplen las normas y que se respetan todas las reglas reguladoras. Quieren asegurarse de que haya transparencia en el mercado".
Dijo que las empresas implementaron garantías para asegurarse de que los consumidores no se excedan, incluyendo la "suspensión temporal" de sus cuentas o el corte de las mismas si no pagan a tiempo. "Quieren que los consumidores tengan una buena experiencia con este producto", dijo en una entrevista telefónica.
Affirm, una de las empresas más grandes, con sus aproximadamente 17 millones de transacciones desde su lanzamiento en 2012, últimamente ha ampliado su oferta más allá del modelo estándar de cuatro cuotas quincenales. La empresa también ofrece pagos mensuales y cobra intereses en las compras de algunos artículos de gran valor, como muebles, según el portavoz Nicholas Fisher.
Los retrasos en los pagos se comunican a las agencias de crédito cuando se trata de algunos de los productos en específico, escribió en un correo electrónico. "Esto permite a los consumidores la oportunidad de construir su historial crediticio mientars proporciona información que, con suerte, animaría a los gestores de riesgo responsables a no sobrepasar al consumidor".
A pesar de los esfuerzos de las empresas, varios estados están sopesando cómo regular estos nuevos productos.
Un portavoz de la División de Regulación Financiera de Oregón, Mark Peterson, escribió en un correo electrónico que el departamento sigue "vigilando este tipo de opciones de financiación para los consumidores y calibrando las preocupaciones sobre la protección del consumidor. Formamos parte de varias organizaciones reguladoras [estatales] que están contemplando nuevas medidas en este ámbito, como la creación de normas estatales que proporcionen una supervisión reguladora a este tipo de opciones".
Lucinda Fazio, directora de servicios al consumidor del Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington, dijo que es difícil evaluar si las empresas de "compra ahora, paga después" constituyen compañías de préstamos.
Muchos de los productos eluden una ley estatal diseñada para supervisar las ventas a plazos y los contratos minoristas, como los préstamos para automóviles o muebles, que implican cargos por intereses, dijo Fazio en una entrevista telefónica. "Y cada estado aplica esa ley de forma diferente. En el estado de Washington, en nuestra agencia, no [usamos] ese estatuto" con las empresas de "compra ahora, paga después".
Massachusetts exige que las pequeñas empresas de préstamos y las empresas de financiación a plazos tengan una licencia estatal. El estado clasifica a Affirm como una pequeña empresa de préstamos, pero no había clasificado a las otras grandes empresas de compra inmediata y pago posterior de ninguna manera sino hasta a partir del 1 de octubre, última fecha en la que se dispone de una lista. Un funcionario de la Oficina de Asuntos del Consumidor y Regulación Empresarial de Massachusetts no quiso comentar por qué otras empresas de compra inmediata y pago diferido no se ajustan a esa definición.
Al igual que con el caso de Afterpay en California, Affirm entró en un acuerdo de consentimiento con los reguladores de Massachusetts en julio de 2020, después de las acusaciones de haberse dedicado a la actividad de servicio de préstamos sin una licencia. La firma pagó una multa de 2.25 millones de dólares y acordó registrarse para obtener una licencia.
La investigación de la Oficina de Protección de las Finanzas del Consumidor incluye un análisis de las acciones de los estados, dijo Laura Udis, gerente del programa para mercados de préstamos en dólares pequeños y a plazos de la agencia. "Esas empresas están ahora autorizadas como prestamistas de financiación al consumo en California. Creo que muchos estados están analizando esto en términos de la aplicación de las diferentes leyes estatales".
