Los mitos generalizados de que las elecciones presidenciales en 2020 fueron robadas y que ocurrió un fraude electoral siguen dominando en muchas legislaturas estatales, por lo que los políticos republicanos piden más investigaciones y remodelan la administración electoral de una manera que podría darles una ventaja partidista.
En Georgia, la Junta Electoral del Estado, dirigida por los republicanos, podría usar una nueva ley estatal para instalar funcionarios partidistas en las juntas electorales de los condados, en zonas de tendencia demócrata, dándoles el poder de decidir qué boletas electorales se rechazan o incluso de anular los resultados.
Los defensores del derecho al voto en Wisconsin temen que la legislatura estatal, dirigida por el Partido Republicano, esté intensificando sus esfuerzos para disolver la comisión electoral bipartidista del Estado, otorgando a los legisladores autoridad sobre la administración electoral y la adjudicación de los electores presidenciales del Estado en futuras contiendas.
Los líderes republicanos de Arizona y Florida quieren crear organismos que investiguen los casos de fraude electoral, aunque estos casos son cada vez más raros. Mientras tanto, las investigaciones lideradas por el Partido Republicano respecto a las elecciones de 2020 están avanzando en estados como Pennsylvania y Wisconsin, y cinco o más estados podrían seguir después.
Los últimos esfuerzos se producen mientras los legisladores estatales republicanos también intentan reforzar la legitimidad de la votación por correo, mediante nuevos requisitos de identificación con fotografía y la prohibición de las urnas electorales. Los legisladores están considerando al menos 165 proyectos de ley restrictivos de este tipo a nivel nacional.
Mientras tanto, la mentira de que se manipularon las elecciones de 2020 ha aumentado la presión sobre los funcionarios electorales, los cuales se enfrentan cada vez más a la posibilidad de recibir sanciones penales incluso por errores menores, así como a amenazas de muerte por parte de votantes fieles a las teorías conspirativas. En respuesta, muchos funcionarios no partidistas están renunciando, despejando el camino para que se queden con sus cargos quienes se sienten cómodos entre las falsedades electorales.
Los esfuerzos de este año por enmendar la administración electoral representan un enorme potencial: al reestructurar el trabajo administrativo, históricamente rutinario, llevado a cabo por las juntas electorales y los secretarios de Estado, los funcionarios republicanos podrían moldear una elección presidencial.
Es vital que los responsables políticos se declaren en contra de la desinformación electoral, dijo el gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox.
Cox, estado que realiza sus elecciones casi en su totalidad por medio del correo, criticó a sus compañeros republicanos de Utah, quienes pidieron una auditoría al estilo de Arizona en su estado. Esos legisladores afirmaron que el actual sistema de votación plantea importantes problemas de seguridad. Pero este frenesí, dijo Cox, no se basa más que en mentiras y falsedades.
"Es muy difícil escuchar a la gente decir: 'Bueno, solo queremos asegurarnos de que todo está bien', cuando es esa misma gente la que está divulgando la desinformación que está causando una desconfianza general", dijo Cox en una entrevista con Stateline, en una reciente reunión de la Asociación de Gobernadores del Oeste. "Una vez que desaparece esa confianza del sistema, es mucho más difícil restituirla".
Algunos estados se encaminan a que los funcionarios puedan anular el resultado de las elecciones con las que no están de acuerdo, dijo David Becker, director ejecutivo y fundador de Center for Election Innovation & Research, una organización no partidista y sin fines de lucro que trabaja con funcionarios de ambos partidos para mejorar la administración electoral.
"Lo que hemos visto en el último año es motivo de gran preocupación", dijo Becker, quien sirvió en la sección de votaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos como abogado principal, tanto con Bill Clinton como con George W. Bush. "Si los perdedores siguen mintiendo a sus partidarios, diciéndoles que es imposible que pierdan, tienen que estar muy alejados de la realidad".
Incluso después de que una auditoría partidista en Arizona fuera ampliamente criticada por sus vergonzosos errores y por aceptar teorías conspirativas, los legisladores del Partido Republicano en al menos cinco estados están proponiendo investigaciones similares este año, cuestionando si la victoria del presidente Joe Biden fue legítima.
Los republicanos argumentan que estas investigaciones son necesarias para restaurar la confianza que los votantes tienen en la democracia estadounidense. Las encuestas del año pasado mostraron un descenso precipitado de la fe de los votantes en lo referente a la integridad de las elecciones—un cambio sorprendente que los activistas del derecho al voto atribuyen a las mentiras en torno a las elecciones. De hecho, solo una quinta parte de los estadounidenses confía bastante en el sistema de votación, según una encuesta de ABC/Ipsos publicada este mes.
"Estas elecciones pertenecen al pueblo estadounidense; no pertenecen a los funcionarios de gobierno", dijo el representante del estado de Colorado, Ron Hanks, un republicano que ha buscado conseguir una auditoría "forense" de las elecciones presidenciales de 2020 en su estado. "No tenemos confianza en [las elecciones], y, si no la tenemos, nuestra república se debilita".
Citando su carrera de 32 años en el área de inteligencia de la Fuerza Aérea, Hanks repitió en una entrevista varias afirmaciones infundadas hechas por Mike Lindell, teórico de la conspiración y CEO de MyPillow, acerca de la seguridad de los equipos electorales diseñados por Dominion Voting Systems, empresa que, alegando difamación, demandó a Lidell y está buscando que este le dé 1,300 millones de dólares. Hanks dijo que las boletas electorales enviadas y recibidas por correo tienen un "riesgo gigantesco" de sufrir un fraude, aunque no hay pruebas que apoyen esa opinión. También calificó de "basura" al actual sistema de auditoría de su estado.
Biden, añadió Hanks, es "completamente ilegítimo".
Hanks asistió a la manifestación del 6 de enero del año pasado para revocar la pérdida en la reelección del ex presidente Donald Trump, lo que llevó a una fatídica insurrección en el Capitolio de Estados Unidos. Hanks, que marchó al Capitolio con otros manifestantes, dijo a Stateline que muchas personas "grandiosas" solo estaban preocupadas por su país. Pero atribuyó falsamente la violencia a individuos que querían crear problemas y culpar a los partidarios de Trump. La semana pasada, dos tercios de sus compañeros republicanos de la Cámara Baja de Colorado votaron para agradecer a Hanks su asistencia a la manifestación.
Obstaculizando una auditoría partidista en Colorado está Jena Griswold, secretaria demócrata de Estado.
El año pasado, Griswold emitió órdenes urgentes para prohibir cualquier intento de darle acceso a terceros a los sistemas electorales del Estado, abalanzándose en contra de las "amenazas internas" para las elecciones. Griswold es la primera secretaria de Estado que prohíbe las auditorías partidistas. Esto se produjo después de que un juez despojara a la secretaria del Condado Mesa, Tina Peters, de sus funciones electorales oficiales en 2021, por permitir que una persona no autorizada inspeccionara el equipo de votación del condado.
"Esos esfuerzos en otros estados no tienen que ver con la verdad", dijo Griswold en una entrevista con Stateline. "Están gravemente viciados, cuestan millones de dólares a los contribuyentes y su objetivo es socavar la confianza hasta tal punto que puedan inclinar futuras elecciones a su favor".
Aun así, investigaciones similares están sucediendo en otros estados.
En Wisconsin, el ex juez del Tribunal Supremo de Justicia del Estado, Michael Gableman, está dirigiendo una investigación relativa a las elecciones presidenciales de 2020, citando a funcionarios locales desde Green Bay hasta Milwaukee. Los demócratas y los defensores del derecho al voto se precipitaron en contra de la investigación, por considerarla una vergonzosa farsa partidista, mientras que Gableman y los republicanos dijeron que su esfuerzo está destinado a restaurar la confianza en las elecciones.
Biden ganó en Wisconsin por más de 20,000 votos. La Comisión Electoral de Wisconsin realizó una auditoría parcial después de las elecciones y no encontró ningún problema. Una revisión separada realizada por la Oficina de Auditoría Legislativa, no partidista, tampoco encontró un fraude electoral generalizado. Las pruebas adicionales tienen preocupados a muchos legisladores demócratas.
"Nuestro sistema electoral solo funciona si contamos con una transición pacífica del poder, si tenemos reglas", dijo el representante estatal demócrata Gordon Hintz. "Parece que está a disposición de todos, y parece que hay suficiente gente dispuesta a anular las elecciones o cambiar las reglas si eso significa mantenerse en el poder".
El representante estatal republicano Joe Sanfelippo afirma que el objetivo es asegurarse de que los funcionarios electorales cumplan la ley estatal, no que anulen las últimas elecciones.
Sanfelippo patrocinó una resolución que pide la renuncia de cinco de los seis miembros de la Comisión Electoral de Wisconsin. El panel bipartidista se ha enfrentado a críticas por sus decisiones en 2020 de ampliar la votación por correo durante la pandemia.
"¿Creo que nuestro sistema electoral es completamente corrupto? No, no lo creo", dijo. "Pero hay algunas irregularidades que están ocurriendo. Tenemos que verificar que el sistema en general esté bien, porque actualmente hay una crisis de confianza".
Otros legisladores de Wisconsin llegaron a insinuar la posibilidad de presentar cargos penales en contra de los miembros de la comisión. El senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, sugirió el año pasado que la legislatura debería retirar de la supervisión de las elecciones estatales a la comisión. Se están llevando a cabo esfuerzos similares en diferentes estados.
En Georgia, una nueva ley respaldada por los republicanos otorgó a la junta electoral del Estado el poder de destituir a los funcionarios electorales locales y de asumir potencialmente la administración electoral local en ciertas áreas. Los republicanos criticaron durante mucho tiempo a los condados de la zona de Atlanta, dirigidos por demócratas, por las largas filas en las casillas para votar y los retrasos en la comunicación de los resultados de las votaciones.
En Michigan, los republicanos están asignando a residentes que han aceptado las conspiraciones electorales a que formen parte de las juntas locales de escrutinio, las cuales certifican los resultados de las elecciones. Esto podría alterar el proceso de recuento de votos en futuras elecciones.
Muchas de estas propuestas son una continuación de la iniciativa del año pasado de restringir los sistemas de votación por correo, que muchos estados adoptaron debido a la pandemia, ya que los funcionarios temían que votar en casillas de votación abarrotadas pudiera exponer a los estadounidenses al coronavirus.
A principios de este mes, el gobernador de Vermont, el republicano Phil Scott, pidió a la legislatura estatal que aprobara la votación por correo para todas las elecciones.
Pero el año pasado, 19 estados promulgaron 34 nuevas leyes restrictivas del voto, como la exigencia de presentar una identificación con fotografía para votar por correo, la prohibición de las urnas electorales y la reducción del horario de voto anticipado, según un recuento realizado por el Centro Brennan para la Justicia, una organización sin ánimo de lucro de tendencia izquierdista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU). Las nuevas restricciones estuvieron relacionadas con un mayor número de rechazos de solicitudes de votación por correo en Texas y Georgia.
Además, Arkansas, Georgia, Iowa y Texas añadieron sanciones penales para los funcionarios electorales que no se adhieran a las leyes estatales, lo que suscita el temor de que los funcionarios puedan ser encarcelados o se sientan intimidados de realizar su trabajo, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Once estados promulgaron leyes que impiden a los funcionarios locales usar dinero filantrópico y privado para ayudar a financiar la administración electoral. Y, en Texas, los legisladores dieron a los observadores electorales partidistas un nuevo acceso sin precedentes.
A medida que se acercan las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, que sucederán en noviembre, muchas personas que han perpetuado las mentiras y la desinformación respecto a la integridad de las elecciones ahora se postulan para cargos de administración de las elecciones.
Atendiendo a los llamamientos de expertos conservadores como Steve Bannon, un ex asesor de la Casa Blanca que ayudó a dirigir la campaña de Trump en 2016, las personas que creen que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas se están postulando para cargos electorales estatales y locales.
Los candidatos que difunden falsedades electorales se presentan a la secretaría del Estado en estados indecisos como Arizona, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada y Wisconsin, según un informe reciente del Centro Brennan. Los expertos creen que las campañas para estos cargos probablemente gastarán una cantidad récord de dinero este año.
"Esta insidiosa idea de que la persona que cuenta los votos no solo lo hace sino que también decide quién gana, es muy peligrosa para nuestra democracia y la confianza de los votantes", dijo Ian Vandewalker, asesor principal del Programa de Democracia del Centro Brennan. "Nos preocupa que estas elecciones, las cuales deberían basarse en quién haría un buen trabajo, se estén convirtiendo en partidistas con una retórica de tierra quemada".
Los grupos de defensa del derecho al voto, como el Centro Brennan, han argumentado durante el último año que la manera de evitar la toma partidista de las elecciones es a través de la legislación federal. Pero, la semana pasada, los demócratas del Senado de Estados Unidos no lograron aprobar su histórica legislación sobre el derecho al voto, bloqueada por un filibustero republicano. Dos demócratas, Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona, votaron en contra de eliminar al filibustero.
Ahora, esa lucha pasa a los estados. Los líderes de los estados controlados por los demócratas ya anunciaron planes para incrementar ampliamente la votación por correo y añadir protecciones para los trabajadores electorales. Los defensores del derecho al voto también prometieron seguir desafiando en los tribunales las nuevas leyes restrictivas. Pero no está claro si eso será suficiente para frenar el impulso de las nuevas medidas respaldadas por el Partido Republicano.
