Aunque la madre fue inicialmente acusada y condenada por asesinato en el mortinato de su hijo, cumpliendo más de un año de cárcel, la desestimación de sus cargos hizo que el fiscal general de California hablara de cómo debe interpretarse la ley estatal respecto al asesinato en este tipo de casos.
El año pasado se desestimó un cargo de asesinato en el caso de una mujer de 26 años que supuestamente había consumido metanfetamina mientras estaba embarazada, con el argumento de los fiscales de que su consumo de drogas provocó el mortinato de su hijo. Los expertos y defensores de la salud reproductiva y la justicia afirman que no hay pruebas científicas suficientes para establecer una línea concluyente entre el consumo de drogas durante el embarazo y el aborto o el mortinato. También sostienen que una enmienda de 1970 al código penal del estado para el asesinato solo pretendía criminalizar la violencia de terceros contra alguien que está embarazada, y no a la persona embarazada en sí. El fiscal general Rob Bonta estuvo de acuerdo a principios de este mes, diciendo, en parte, "La sección 187 del Código Penal no impone responsabilidad penal a una persona que lleva un feto por haber causado supuestamente el aborto o el nacimiento de un feto muerto".
Para debatir esta interpretación jurídica y las cuestiones de salud y justicia reproductiva que se cruzan con esta interpretación, hablé con Lucinda Finley, Joelle Puccio y Dominika Seidman. Finley es la profesora de derecho de la fundación Frank Raichle de la Universidad de Buffalo (UB), Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), donde se especializa en cuestiones de género en la ley, derechos reproductivos y justicia, y en cómo la ley apoya o no las necesidades e intereses de las mujeres embarazadas. Puccio es enfermera titulada y cofundadora de Academy of Perinatal Harm Reduction, una organización que trabaja para mejorar la vida de las embarazadas y los padres con trastornos por consumo de sustancias. Seidman es ginecóloga y obstetra de la Universidad de California (UC) en San Francisco y del Zuckerberg San Francisco General Hospital, y cofundadora de Team Lily, un programa que presta servicios a las embarazadas que se enfrentan a importantes obstáculos para recibir atención médica. (Estas entrevistas han sido editadas por razones de longitud y claridad).
P: Recientemente, Associated Press informó sobre las directrices del fiscal general de California para interpretar la ley estatal de forma que no se acuse de asesinato a las personas embarazadas en caso de la muerte de un feto, incluso si se cree que el comportamiento de la persona embarazada ha contribuido a esa muerte (por ejemplo, el consumo de sustancias). ¿Puede explicar por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las razones por las que los fiscales parecen inclinarse a presentar este tipo de cargos?
Finley: Este tipo de acusaciones contra las mujeres por diversas conductas durante el embarazo, que supuestamente causan daños a sus fetos, se ha producido durante décadas. Estados como Carolina del Sur, en los años 70, 80 y 90, eran especialmente conocidos por detener a mujeres embarazadas y por presentar muchos juicios contra ellas. Hubo un caso en Carolina del Sur (Ferguson contra la ciudad de Charleston) que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos. El hospital público que atendía a pacientes de Medicaid, sobre todo personas pobres y mujeres de color, tenía una política de pruebas de drogas para todas las pacientes embarazadas que llegaban, sin su consentimiento. Si encontraban alguna prueba de drogas en su orina, en lugar de proporcionarles tratamiento médico, las remitían a los fiscales y las mujeres eran procesadas sin ninguna prueba de que hubieran dañado a sus fetos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que era un registro inconstitucional tomar la orina sin el consentimiento de las mujeres. Este es solo un ejemplo de algunos de los tipos de problemas que surgen, pero ha habido olas periódicas de esfuerzos para procesar a las mujeres embarazadas, que corresponden con olas de preocupaciones de la justicia penal, o preocupaciones de salud pública sobre diversas epidemias de consumo de drogas ilegales.
Muchos de los procesamientos a los que me refería en los años 80 y 90 fueron atribuibles a la histeria sobre la llamada "epidemia de crack". Posteriormente, la ciencia médica determinó que el crack no era tan perjudicial para los bebés como se pensaba. Creo que lo que está impulsando varios de estos juicios ahora es la percepción de la crisis de salud pública con respecto al uso de opioides, fentanilo, metanfetaminas. Creo que hay fiscales en ciertas áreas del país, basados en su política o en la política de sus electores, que sienten que están tomando una posición en la guerra contra las drogas y defendiendo la salud de los bebés al ir tras mujeres embarazadas y tratar de procesarlas por consumir drogas mientras están embarazadas. Creo que está muy ligado al clima político y a la percepción de la necesidad de ser estrictos con cualquier problema de abuso de drogas del momento. A lo largo de la historia ha habido muchos esfuerzos por querer controlar, vigilar o regular los comportamientos de las mujeres embarazadas, y esta es solo una manifestación de ello.
P: El asistente ejecutivo del fiscal de distrito del Condado Kings, en San Joaquin Valley, donde se desestimó la acusación de asesinato por la muerte de un niño nacido muerto, fue citado diciendo que sus casos "no tienen que ver con el aborto ni con los derechos reproductivos de las mujeres en modo alguno". Desde su punto de vista, ¿tienen razón?
Puccio: Creo que probablemente estaba diciendo que su intención no es sobre el aborto o los derechos reproductivos de ninguna manera; claro, tal vez no tiene la intención de que esto sea sobre el aborto, pero lo es absolutamente. Lo que está diciendo es: "Si pones algo en tu cuerpo que creemos que podría haber contribuido a la pérdida de este embarazo, entonces vamos a acusarte de asesinato". Esa es la definición de lo que es el aborto con medicamentos, por lo que estas dos cuestiones no pueden estar realmente separadas, en términos de perspectiva legal. Para la gente que dice que esto no tiene que ver con el aborto y que no quiere tocar ese tema polémico, sí tiene que ver con el aborto, porque, honestamente, esto no tiene que ver con aborto espontáneo o la pérdida del embarazo. Si miras las leyes que se están tergiversando y utilizando para perseguir a las mujeres y a otras personas que se quedan embarazadas, ninguna de ellas estaba pensada para este propósito, que es lo que está diciendo el fiscal general del estado: que las leyes estaban pensadas para crear castigos más estrictos para las personas que hacen daño a alguien que está embarazada.
P: Para las personas que leen o escuchan sobre estos casos y podrían llegar a pensar, "Por supuesto que las personas que consumen sustancias ilegales mientras están embarazadas deberían enfrentar cargos criminales. Han infringido la ley, han puesto en peligro la salud de su hijo no nacido", ¿cuál es su respuesta a esa idea?
Seidman: Creo que lo que nosotros, como sociedad, realmente estamos perdiendo y olvidando, es que los trastornos por consumo de sustancias son una condición médica. Cuando pensamos en otras condiciones médicas, la presión arterial alta en el embarazo o la diabetes en el embarazo, por ejemplo, si alguien no es capaz de controlar su presión arterial o su diabetes, no acusamos a esa persona de asesinato. Si pensamos en un trastorno por consumo de sustancias de la misma manera, tenemos que pensar en la pérdida de un embarazo de forma similar, en el sentido de que no se estaba lidiando adecuadamente con esos trastornos por consumo de sustancias.
Además, sabemos que la pérdida de un feto es un acontecimiento muy complejo que, en general, no se comprende bien. Los datos sobre la asociación entre el consumo de sustancias y la pérdida del embarazo son increíblemente complicados por el enorme número de fuerzas sociales y estructurales que afectan a las personas con trastornos por consumo de sustancias, como la pobreza, el racismo, el historial de traumas, las barreras que existen para acceder a la atención médica y a los cuidados prenatales. Todos esos elementos son factores increíblemente importantes que también pueden aumentar el riesgo de muerte fetal. Así que, en primer lugar, no tenemos pruebas sólidas que establezcan una asociación entre el consumo de una determinada sustancia y la muerte del feto. En segundo lugar, cuando pensamos en los trastornos por consumo de sustancias como una condición de salud, tenemos que pensar en ellos como lo haríamos con la hipertensión o la diabetes en el embarazo, y en cómo cuando hay un mal resultado en esas otras condiciones, no culpamos a la persona que da a luz. Pensamos en cómo podríamos haber atendido mejor esa condición de salud: tenemos que aplicar esa misma lente a los trastornos por consumo de sustancias.
P: ¿Cuáles son algunas de las ramificaciones potenciales de criminalizar las acciones, o inacciones, de las personas embarazadas en caso de muerte de un feto o de un niño nacido muerto?
Finley: Hay que tener mucho cuidado a la hora de sacar conclusiones precipitadas sobre la causa del mortinato o del aborto espontáneo, o sobre las consecuencias a largo plazo para los niños. También es muy importante subrayar que ni yo, ni nadie que se oponga a estos procesos, estamos defendiendo el consumo de drogas durante el embarazo, ni diciendo que sea algo bueno. Lo que decimos es que, en lugar de una respuesta penal, que no es buena ni para la mujer ni para el niño, la mejor respuesta es una resolución por parte de la salud pública, que proporcione a la mujer el apoyo y el tratamiento adecuados para el problema de las drogas. Una solución que le proporcione una buena atención prenatal que minimice el riesgo para el feto, y que luego proporcione al niño una excelente atención sanitaria y apoyo, y que proporcione a la madre y al niño un seguro, atención sanitaria y otros recursos que van a necesitar para prosperar y mantenerse lejos de las drogas.
Una de las razones por las que creo que el enfoque penal y de enjuiciamiento es tan perjudicial es porque ha habido muchos estudios de investigación que muestran que no se hace nada para mejorar los resultados de salud de los bebés. No se hace nada para mejorar la calidad de vida de los bebés, y esto tiene un grave efecto sobre las mujeres embarazadas con problemas de drogas, pues las disuade para que no busquen la ayuda que necesitan para intentar de conseguir un tratamiento y una buena atención prenatal. Por lo tanto, el enfoque penal punitivo es en realidad extremadamente perjudicial para la salud de la mujer y del niño. Si los fiscales dicen que lo hacen por la salud de los bebés, su preocupación es errónea, porque el enfoque penal de perseguir a la mujer, según demostró una amplia investigación, socava gravemente tanto la salud de la mujer y sus incentivos para obtener una buena atención y tratamiento como la salud de los niños.
Puccio: Hay una buena cantidad de investigaciones que demuestran que este tipo de leyes no disminuyen el consumo de sustancias durante el embarazo, sino que aumentan las barreras para el tratamiento del consumo de sustancias y la atención prenatal. Cada vez que una historia como esta es tan grande en las noticias como lo es ahora, en una comunidad, la gente ve eso. Las personas que se han encontrado con un problema de drogas y que luego se quedan embarazadas, tienen miedo y no saben qué hacer, incluso sin este entorno perjudicial que estamos creando con estas leyes; de por sí ya es un gran problema descubrir que estás embarazada, independientemente de la elección que acabes haciendo. Así que estamos poniéndole barreras adicionales a la gente. Normalmente, cuando alguien que tiene una dependencia de las drogas que no ha podido superar por sí misma, cuando se queda embarazada, lo primero que hace es intentar dejar de consumir antes de buscar atención prenatal, porque sabe que es probable que sea maltratada, que se le falte al respeto, que se analicen sus fluidos corporales sin su consentimiento... Todas estas cosas les ocurren habitualmente a las personas embarazadas que consumen sustancias. Cuando se añade la amenaza de la cárcel, se produce un daño real a la salud materno-infantil en nuestras comunidades.
P: ¿De qué manera este tipo de cargos penales afecta más negativamente a las personas afroamericanas, las pobres y las inmigrantes?
Puccio: Sabemos que las personas con diversos factores sociales determinantes de la salud —como la pobreza, el racismo, la mala nutrición, etcétera— corren un mayor riesgo de perder el embarazo. Sabemos que esas personas tienen más probabilidades de sufrir un aborto espontáneo debido a diversas opresiones y barreras que nuestra sociedad ha construido para ellas, no por algo inherente a la raza o la genética. Hay pruebas decentes que demuestran que, cuando tienes una población que está bajo un mayor escrutinio debido a esas cuestiones (es decir, gente afroamericana, gente pobre, gente joven, gente soltera, gente con más probabilidades de recibir atención en un hospital que acepte Medicaid, con más probabilidades de haber estado involucrada en el sistema de acogida familiar), terminamos con mucha más culpa que se le echa a estas personas a causa de sus resultados de salud y de embarazo. Por último, también se trata de simple racismo, incluso cuando corregimos todos estos otros factores, sabemos que los afroamericanos —en particular los afroamericanos y los indígenas— son denunciados en mayor proporción que los "blancos". Se les investiga en mayor medida que a los "blancos", se les procesa en mayor medida que a los "blancos" y van a la cárcel en mayor medida que los "blancos". En todos los niveles de este sistema punitivo, las personas afroamericanas son el objetivo, a diferencia de los "blancos" o de las personas con más dinero. No es una historia nueva, es la misma historia de racismo y opresión que ha sido la historia de nuestro país durante cientos de años, solo que aplicada en este tema.
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