FILADELFIA— La ciudad de Filadelfia introducirá dos programas que distribuirán dinero a los habitantes de bajos ingresos, sin ningún compromiso. El objetivo de los programas es entender el impacto de las infusiones de dinero en efectivo en la estabilidad de los hogares y el bienestar económico.
Los funcionarios de la ciudad están dando pocos detalles sobre las iniciativas, que, según dicen, todavía se están desarrollando, y una de ellas está programada para comenzar en la primavera.
Descritos como programas piloto experimentales, uno de ellos está siendo llevado a cabo por la Corporación de Desarrollo de la Vivienda de Filadelfia (PHDC) junto a la Universidad de Pensilvania (Penn), mientras que el otro está bajo los auspicios de la Oficina de Empoderamiento y Oportunidad de la Comunidad de la ciudad, según varias personas familiarizadas con el trabajo.
El programa piloto del CEO contará con participantes de JEVS Human Services, una organización sin ánimo de lucro que tiene un contrato con la oficina para proveer los servicios del programa WorkReady, el cual ayuda a las personas que reciben dinero de TANF (antes llamada asistencia social) a avanzar hacia la autosuficiencia.
El piloto de PHDC, que es el que está más cerca de ponerse en marcha, se centrará en la vivienda, dijeron personas familiarizadas con el trabajo. Aquellos que participarán en el piloto serán seleccionados de unas "listas de vivienda pública," dijo un portavoz de la ciudad sin dar más detalles.
"El sector de la vivienda es un punto específico de interés que queremos entender", dijo Vincent Reina, un profesor de ciudad y planificación regional en Penn. Pero agregó que a "Los hogares se les dará la capacidad de elegir cómo utilizar los fondos".
En 2020, Reina y sus colegas escribieron que la renta se considera tradicionalmente inasequible cuando consume más del 30 por ciento de los ingresos mensuales de un hogar. En Filadelfia, escribió, 80,000 hogares gastan más del 50 por ciento de sus ingresos en pagar la renta. Añadió que "la mayoría de los hogares con problemas de renta incluyen a los afroamericanos de Filadelfia, quienes tienen tres veces más probabilidad de vivir por debajo del umbral de pobreza comparados con los blancos".
Reina dijo que está involucrado en el diseño y la evaluación del programa PHDC, el cual tendrá una duración de dos a tres años.
Reina declinó ofrecer elementos clave del programa piloto, como el número de participantes y su costo. Dijo que se pagará con una mezcla de dinero público y filantrópico y que podría empezar en los próximos dos meses.
En los últimos años se han llevado a cabo proyectos piloto de este tipo en más de 40 lugares de Estados Unidos, según LaDonna Pavetti, vicepresidenta de Center on Budget and Policy Priorities de Washington.
Se han completado al menos tres: en Stockton, California, en donde 125 personas recibieron cada una 500 dólares al mes durante dos años a partir de 2019; en Jackson, Mississippi, en donde 100 madres recibieron cada una 1,000 dólares al mes durante un año en 2018; y en Chelsea, Massachusetts, en donde cada una de las 2,000 familias de bajos ingresos recibió hasta 400 dólares al mes durante seis meses en 2020.
Las personas informaron que compraron alimentos, ampliaron su educación y pagaron deudas con el dinero en efectivo, dijo Pavetti.
"El dinero da un respiro y le da flexibilidad a la gente para que pueda hacer las cosas que necesita, reduciendo sus dificultades".
Stacia West, profesora de trabajo social y cofundadora y directora de Center for Guaranteed Income Research de Penn, fue la coinvestigadora principal del proyecto piloto de Stockton.
West hizo hincapié en que dar a la gente 500 o 1,000 dólares al mes "no puede corregir todos los problemas sociales de este país". Añadió que la renta garantizada debe complementar, no sustituir, los programas de la red de seguridad existentes destinados a ayudar a los estadounidenses, como las prestaciones de SNAP (antes llamadas cupones de alimentos).
Al principio, el concepto de dar dinero a la gente se consideraba una tontería, dijeron los académicos.
"Pero creo que, por primera vez, no se considera una fantasía", dijo la socióloga de la Universidad de Temple (TU) Judith Levine, directora del Laboratorio de Políticas Públicas de la escuela.
Ella dijo que los estadounidenses se han acostumbrado a la idea, en parte gracias a la popularidad de Andrew Yang, quien se postuló para presidente en 2020 en una plataforma que aprobó dar 1,000 dólares al mes a cada estadounidense mayor de 18 años.
La idea de que el gobierno le pague a los estadounidenses no es nueva, aunque hay una distinción entre el ingreso garantizado y un concepto relacionado conocido como ingreso básico universal (UBI). Esta se define como pagos constantes e incondicionales, distribuidos por el gobierno, para garantizar un nivel de vida básico a todos los miembros de una comunidad.
Los programas de renta garantizada se dirigen únicamente a poblaciones específicas de una comunidad, elegidas por el gobierno.
Ya en 1797, Thomas Paine escribió que los ciudadanos deberían recibir una "renta del suelo" para equilibrar la pobreza.
El presidente republicano Richard Nixon y el economista Milton Friedman (quien asesoró a los conservadores Ronald Reagan y Margaret Thatcher) apoyaron diferentes aspectos del UBI.
También lo han hecho empresarios como Elon Musk, de Tesla, y Mark Zuckerberg, de Meta, ya que la tecnología de Silicon Valley se come los empleos tradicionales.
La renta garantizada es cara. Dar a más de 300 millones de estadounidenses entre 10,000 y 12,000 dólares al año costaría entre 3 y 4 billones de dólares anuales, según diversas estimaciones.
Muchos se preguntan si el dinero saldría de los impuestos. Esto puede parecer un obstáculo, especialmente para los conservadores que dicen que la red de seguridad del gobierno ya es demasiado generosa.
Sin embargo, Levine señaló que los estadounidenses decían lo mismo de la Seguridad Social cuando se creó en 1935: "¿Todo el mundo en el mercado laboral recibe prestaciones de jubilación?", dijo Levine. "La gente pensaba que era una locura".
Los conservadores también están en contra de los ingresos garantizados, porque, según dicen, la gente dejará de trabajar.
Pero, citando un estudio ampliamente respetado de la Universidad de Columbia (CU), los liberales replican que la pandemia demostró que, cuando se amplió el crédito fiscal por hijos durante la pandemia, no se redujo la ética del trabajo. Y, en anteriores programas piloto de ingresos garantizados, los investigadores observaron que los beneficiarios solían dejar los trabajos de medio tiempo para irse a un trabajo de tiempo completo más estable y lucrativo.
Asumir que la gente no trabajará si se le da una renta garantizada huele a "racismo estructural y paternalismo", dijo West, una larga crítica a las normas que rigen los programas de bienestar.
Mariana Chilton, directora de Center for Hunger-Free Communities de Dornsife School of Public Health de la Universidad de Drexel (DU), invocó al reverendo doctor Martin Luther King Jr., quien defendió la renta garantizada para abolir la pobreza. Afirmó que el UBI vale la pena, porque "ayuda a la gente a mantenerse sana y en la escuela o en el trabajo, reduce los problemas de salud mental y no tiene impacto en las tasas de empleo".
Aunque es partidaria de la renta garantizada, la socióloga de la Universidad de St. Joseph (SJU), Maria Kefalas, se pregunta por qué alguien se toma la molestia de demostrar su valor.
"No sé por qué necesitamos que la ciudad y Penn determinen que a los pobres les va mejor cuando tienen dinero", dijo. "Acabamos de realizar lo que equivale a un estudio nacional con la ampliación del crédito tributario fiscal por hijo, en el que el presidente Joe Biden demostró que darle a los padres dinero extra reducía la pobreza".
"Fue impresionante. Y, cuando se inventó la Seguridad Social, se eliminó la pobreza entre los ancianos. No es que no hayamos hecho esto antes. Aprendimos que, en lo que respecta a la pobreza, si redistribuimos la riqueza se evita la hemorragia del paciente".
