FORT WORTH, Texas— El verano pasado, en el interior de un almacén de Amazon parcialmente terminado, los trabajadores caminaron sin arneses de seguridad sobre cintas transportadoras a cuatro pisos de altura, los soldadores usaron sopletes de plasma mientras estaban rodeados de cajas de cartón inflamables y los obreros levantaron estanterías metálicas junto a una carretilla elevadora en movimiento, poniendo sus pies en peligro de ser aplastados.
Los contratistas y subcontratistas que hablaron con Stateline, bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijeron que los problemas de la cadena de suministro y otros retrasos relacionados con el COVID-19 aplazaron la construcción del almacén. En la prisa por terminar el proyecto a tiempo, dijeron, se perdieron las normas de seguridad en el camino.
Amazon no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios.
"Todos los que han hablado han sido despedidos por retrasar la producción", dijo un contratista que habló con Stateline bajo condición de anonimato. "Va a sonar mal, pero denunciar no va a pagar mis facturas".
Las agencias federales y estatales encargadas de velar por la seguridad en el trabajo dependen de las acusaciones de los denunciantes, pero las agencias tienen tan poco personal que pueden tardar años en investigar las denuncias, dicen los expertos. Los defensores afirman que los retrasos y el estigma asociado a la delación disuaden de hablar a la mayoría de los trabajadores que presencian condiciones inseguras.
A pesar de ello, la Administración Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, conocida como OSHA, brazo ejecutor del Departamento de Trabajo (DOL) de Estados Unidos, recibió más de 4,600 acusaciones de denunciantes en el año fiscal 2021, más del doble del promedio de delaciones presentadas en los cinco años anteriores. Más de la mitad estaban relacionadas con el COVID-19.
Pero las denuncias ante las autoridades federales y estatales rara vez se traducen en multas o acciones legales, especialmente en estados como Texas, en donde no hay protecciones para los trabajadores reforzadas por el estado. Según los expertos, esto deja a innumerables trabajadores en riesgo de sufrir lesiones graves o de morir. Texas se rige por las normas federales de OSHA; la agencia no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios para este artículo.
José Rodríguez, anterior inspector de seguridad en la planta de Amazon en Fort Worth, fue despedido por su empresa consultora poco después de denunciar problemas de salud y seguridad en la planta en febrero de 2021. Todavía estaba buscando trabajo cuando Stateline habló con él en diciembre.
"Hice lo que tenía que hacer para evitar que la gente se lesionara gravemente o perdiera la vida, y volvería a hacerlo", dijo Rodríguez. "Pero debo decir que es difícil encontrar empleo cuando te etiquetan como un denunciante".
Dos estados, Colorado y Nueva York, han reforzado la protección de los denunciantes en respuesta a las preocupaciones de seguridad en el lugar de trabajo relacionadas con la pandemia. Los legisladores de seis estados —Arizona, Maine, Minnesota, Pensilvania, Washington y Virginia Occidental— están considerando una legislación similar.
La diputada estatal de Colorado, Leslie Herod, demócrata y principal promotora del proyecto de ley en su estado, dijo que la protección de los denunciantes consiste en salvar vidas.
"Yo diría que es imperativo que tengamos estos recursos y protecciones para quienes plantean problemas de salud y seguridad", dijo. "Los trabajadores no están protegidos ahora mismo sin estas leyes".
Rodríguez dijo que OSHA no pudo ayudarle a recuperar los salarios perdidos o la indemnización, a pesar de que siguió los protocolos de la agencia cuando informó de los riesgos de seguridad en la obra de Amazon en Fort Worth. Dijo que un agente de la oficina regional le dijo que no podían hacer nada por él porque estaba empleado como contratista independiente.
"Para mí fue básicamente un caso de rápida resolución", dijo Rodríguez.
La ley de 1970 por la que se creó OSHA le garantiza a todos los empleados un lugar de trabajo seguro, el derecho a denunciar condiciones inseguras y el derecho a rechazar trabajos peligrosos. La realidad rara vez está a la altura de ese ideal, dijo Stephen Kohn, abogado y presidente de la junta directiva de National Whistleblower Center, un grupo de defensa.
Kohn dijo que en los últimos 35 años ha trabajado con miles de denunciantes, pero que nunca le ha recomendado a ninguno de ellos que presente una denuncia ante OSHA. "Sé de inmediato que las probabilidades de que este trabajador obtenga satisfacción por parte de OSHA son como de uno entre 100, pero las probabilidades de que sean estigmatizados por presentar la queja son del 100 por ciento".
En el año fiscal 2021, OSHA tomó determinaciones en 2,263 quejas de denunciantes bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, el número más alto desde al menos 2016, según los datos de la agencia. OSHA desestimó el 54 por ciento de las quejas y emprendió acciones legales en alrededor del 27 por ciento. Solo 21 casos, menos del uno por ciento, se consideraron meritorios, lo que significa que la agencia pidió que el empleado fuera reincorporado o que se le pagaran los daños, según los datos de la administración.
Kohn calcula que el 95 por ciento de los posibles casos de represalias de los denunciantes en todo el país nunca se presentan ante OSHA.
Kohn señaló que, de acuerdo con la ley federal, los denunciantes deben presentar una queja en un plazo de 30 días a partir de la infracción, y los trabajadores no tienen un derecho de acción privado, lo que significa que no pueden demandar a su empleador si se les despide por hablar. Solo DOL de Estados Unidos o los 22 estados que tienen sus propios planes de OSHA, que cubren a los empresarios privados, pueden presentar demandas. OSHA federal aprueba y supervisa todos los planes estatales y aporta hasta el 50 por ciento de la financiación de cada programa.
Algunos estados ofrecen protecciones superiores a las que ofrece el gobierno federal. California, por ejemplo, ha promulgado 53 leyes que protegen a los trabajadores de las represalias y la discriminación, según los funcionarios estatales. De los estados que están considerando añadir protecciones a los denunciantes, solo los planes de Arizona, Minnesota y Washington cubren a los empleadores privados.
Debbie Berkowitz, ex jefa de personal de OSHA y principal asesora política del presidente Barack Obama, dijo que, en los 24 estados que no tienen sus propios planes de OSHA, es casi imposible que los funcionarios federales hagan cumplir las leyes de seguridad y salud de los trabajadores.
"Los trabajadores solo pueden hacer valer sus derechos en virtud de la ley pidiendo a OSHA que inspeccione, y los recursos de OSHA son tan escasos que se necesitarían 160 años para inspeccionar cada lugar de trabajo bajo su jurisdicción una sola vez", dijo Berkowitz en una entrevista.
Un informe de 2020 elaborado por National Employment Law Project, un grupo de defensa de los derechos de los trabajadores, reveló que el número de inspectores federales de OSHA había caído a su nivel más bajo en 45 años. A principios de 2020, OSHA solo tenía 862 inspectores para cubrir millones de lugares de trabajo. Eso fue un descenso de 952 inspectores en 2016 y 1,006 inspectores en 2012, según el informe.
"La mayoría de los trabajadores no pueden esperar unos años", dijo Berkowitz, y agregó que el Programa de Protección a los Denunciantes que OSHA maneja es prácticamente inútil. "Estas protecciones, el programa, es una farsa".
La nueva ley de Colorado le permite a DOL estatal buscar soluciones en nombre de los trabajadores y amplía el plazo de prescripción a dos años. Pero la nueva ley protege a los trabajadores solo durante una emergencia de salud pública, que el gobernador demócrata Jared Polis declaró en marzo de 2020 al inicio de la pandemia y terminó en julio.
Desde la entrada en vigor de la nueva ley en julio de 2020, se han presentado al menos 126 denuncias por represalias. Hasta la semana pasada, el departamento había revisado 96 quejas y emitido 33 avisos de derecho a demandar, según Herod.
El 1 de febrero, Herod y otros tres legisladores demócratas presentaron una versión del proyecto de ley de 2020, que ampliaría sus protecciones más allá de la pandemia.
"La pandemia ha puesto de manifiesto muchos problemas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, pero esos problemas existían mucho antes del COVID y seguirán existiendo cuando se termine la declaración de emergencia y una vez que hayamos superado esta pandemia", dijo Herod.
Más de uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses afirmó que el miedo a las represalias del empleador podría impedirles denunciar condiciones inseguras, según un informe de agosto de National Employment Law Project, que encuestó a 3,100 trabajadores en los 50 estados.
Según el informe, los trabajadores de Nueva York son los que más le temen a las represalias.
La nueva ley de protección a los denunciantes de Nueva York entró en vigor el mes pasado: alarga el plazo de prescripción a dos años, amplía la protección a contratistas y subcontratistas y redefine la "ley" para incluir las órdenes ejecutivas y las decisiones administrativas.
La senadora del estado de Nueva York, Jessica Ramos, demócrata y principal promotora del proyecto de ley, dijo que había escuchado a sus electores hablar de las peligrosas condiciones de trabajo en las obras de construcción, en las que los promotores estaban acelerando proyectos que se habían retrasado por cierres relacionados con la pandemia.
Ramos dijo que la mayoría de las llamadas procedían de hombres ecuatorianos de su distrito, que incluye parte de Queens.
Las muertes en la construcción representaron el 22 por ciento de las muertes de trabajadores en la ciudad de Nueva York y el 24 por ciento de las muertes de trabajadores en el estado de Nueva York, en comparación con el 21 por ciento en todo el país, según un informe de febrero del Comité de Nueva York para la Seguridad y Salud Ocupacional (NYCOSH), un grupo de defensa.
Los latinos representan un porcentaje desproporcionadamente alto de las muertes de trabajadores en Nueva York. Se estima que el 10 por ciento de los trabajadores del estado de Nueva York son latinos, pero, en 2020, el 18 por ciento de las muertes de trabajadores fueron de trabajadores latinos, según el informe.
"Tan a menudo este país piensa en las vidas de los latinos como desechables, y no lo somos", dijo Ramos. "Nuestro único propósito en la vida no es trabajar para ustedes".
El proyecto de ley de Ramos también amplió las protecciones para los trabajadores inmigrantes.
El pasado mes de febrero, Rodríguez —entonces inspector de seguridad certificado en la nueva sede de Amazon en Fort Worth— presentó una denuncia contra Amazon y media docena de contratistas y subcontratistas implicados en la construcción del nuevo almacén del gigante online.
Rodríguez, quien trabajaba para la empresa californiana Safety 1st Consulting, envió un informe detallado a OSHA federal, en el que incluía fotos de trabajadores que caminaban por cintas transportadoras elevadas sin llevar arnés y de obreros que trabajaban en plataformas poco iluminadas e irregulares.
Safety 1st Consulting despidió a Rodríguez poco después de que presentara su denuncia. Safety 1st no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios.
Rodríguez esperó a que OSHA respondiera, pero, después de una semana sin respuesta, llamó al periódico local y compartió las pruebas que había proporcionado a los reguladores federales, aun sabiendo que estaría en la lista negra de las empresas de construcción.
Rodríguez dijo que no le sorprendía que siguieran produciéndose infracciones de seguridad similares seis meses después de su despido.
"Las lesiones y las muertes son riesgos laborales diarios", dijo. "A fin de cuentas, solo quiero que las empresas rindan cuentas para que todos los trabajadores puedan volver a sus casas sanos y salvos".
Texas, que no tiene su propio plan de OSHA, tuvo 469 muertes en el lugar de trabajo en 2020, más que cualquier otro estado. Los empleados hispanos o latinos tuvieron el mayor número de lesiones mortales con 221 incidentes: el 47 por ciento de todas las víctimas mortales. Los obreros de la construcción sufrieron el mayor número de bajas, con 127 lesiones mortales, según un informe anual del Departamento de Seguros de Texas (TDI), el departamento estatal responsable de contabilizar las muertes de trabajadores en el estado.
En marzo de 2021, después de que Rodríguez presentara la denuncia contra los empleadores de la planta de Amazon en Fort Worth, OSHA multó a CJ Rack Installation Inc. —la empresa contratada para instalar miles de estanterías de cuatro pisos de altura en el almacén— con 2,386 dólares por infracciones graves, relacionadas con el uso de una carretilla elevadora y un elevador de tijera, según documentos obtenidos por Stateline.
CJ Rack no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios.
Robert Thomas, ex comisionado de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC), dijo que la seguridad de los trabajadores ha disminuido durante el auge de la construcción que se ha producido en el estado durante más de una década. La tasa de muertes de obreros de la construcción en Texas aumentó de 9.9 por cada 100,000 trabajadores en 2019 a 12 por cada 100,000 trabajadores en 2020.
Dijo que las leyes y los tribunales a favor de los empleadores de Texas no dejan a los trabajadores como Rodríguez otra opción que acudir a OSHA federal para presentar quejas de seguridad y salud. Pero las multas e investigaciones de OSHA son tan raras e insignificantes que los empleadores simplemente las aceptan como el costo que hay que pagar por hacer negocios, dijo.
"Ha sido un problema horrible durante décadas, y no está mejorando", dijo Thomas.
"Va a ser necesario, al menos en Texas —y supongo que será similar en otros lugares—, que la población votante exija a sus funcionarios elegidos que proporcionen este tipo de protecciones, que reconozcan el riesgo y la exposición a los seres humanos".
