En junio, se espera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos mitigue o derribe la decisión —Roe v. Wade— de casi 50 años de antigüedad que tiene sobre el derecho al aborto, dándole a los estados un amplio margen para restringir el procedimiento.
Pero la mayoría de las legislaturas habrán terminado para entonces, y los legisladores antiabortistas no están esperando para abordar lo que esperan que sea uno de los resultados de los límites generalizados respecto a los abortos clínicos: el aumento de la demanda de abortos con medicamentos.
Desde enero, los legisladores de al menos 20 estados han propuesto proyectos de ley que restringen o prohiben el acceso a las píldoras abortivas aprobadas hace más de dos décadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
La avalancha de proyectos de ley de este año se vio estimulada en parte por una resolución de FDA durante la pandemia de coronavirus, que eliminó un antiguo requisito de que las pacientes consultaran con los prescriptores y recogieran las píldoras en persona.
En virtud de la resolución temporal de FDA, que se convirtió en permanente en diciembre, los pacientes pueden por primera vez consultar con los prescriptores a través de la telesalud y recibir las píldoras por correo.
En respuesta, los legisladores de Georgia, Kentucky, Luisiana, Maryland, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur y Tennessee propusieron rápidamente proyectos de ley que restablecerían las antiguas normas de FDA.
Los proyectos de ley obligarían a los pacientes a recoger las píldoras en un centro médico en lugar de recibirlas por correo, y, en Dakota del Sur, a ingerirlas bajo la observación de un profesional médico.
Los legisladores de Iowa, Massachusetts, Minnesota y Missouri propusieron proyectos de ley que prohibirían las consultas de telesalud y exigirían en cambio una o más visitas en persona a un centro médico, para recibir las píldoras abortivas.
En Alabama, Arizona, Iowa, Dakota del Sur, Illinois, Washington y Wyoming se ha propuesto la prohibición total de dispensar o usar los medicamentos aprobados por FDA.
Los legisladores de 13 estados también han propuesto leyes que le exigen a los médicos que le digan a las pacientes que los abortos con medicamentos pueden revertirse mediante la administración de dosis de progesterona, un tratamiento polémico que, según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, no está basado en la ciencia y no cumple con las normas clínicas.
El año pasado, Indiana promulgó una ley que prohíbe los abortos con medicamentos después de 10 semanas de embarazo, y Texas prohibió el aborto con medicamentos después de siete semanas de embarazo.
FDA aprueba el uso de las píldoras durante las primeras 10 semanas de embarazo, pero los médicos y los defensores del derecho al aborto afirman que muchas pacientes han usado con éxito los medicamentos en una etapa posterior.
Originalmente llamado RU-486, un medicamento llamado mifepristona fue desarrollado por un fabricante de medicamentos francés en 1980 como un método para terminar un embarazo temprano, mediante el bloqueo de la producción natural de progesterona, una hormona necesaria para mantener un embarazo.
Francia fue el primer país occidental en aprobar las píldoras en 1988, pero FDA no hizo lo mismo sino hasta el año 2000, cuando aprobó la mifepristona cuando se usa en combinación con un medicamento llamado misoprostol, que provoca contracciones uterinas para expulsar el embrión.
Aunque para entonces se usaba ampliamente en otros lugares, los fármacos tardaron en prosperar en Estados Unidos.
En 2017 el aborto con medicamentos había cobrado relevancia, representando el 39 por ciento de todos los abortos en Estados Unidos. En 2020, el método no quirúrgico representó el 54 por ciento de los abortos, según un informe de febrero de Guttmacher Institute, una organización de investigación y defensa del derecho al aborto.
Los expertos en salud de la mujer predicen que, si más estados promulgan la prohibición del aborto, el número de personas que buscan interrumpir su embarazo fuera del sistema de salud oficial se disparará.
El año pasado, Texas prohibió los abortos después de las seis semanas de embarazo, un estatuto que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dejó en pie mientras los partidarios del aborto perseguían un caso contra los funcionarios encargados de conceder licencias, las cuales podrían disciplinar a los proveedores de servicios de la salud por hacer abortos en una etapa más avanzada del embarazo.
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Texas ratificó la ley, que incluye una disposición que frustra las demandas federales contra funcionarios estatales, al permitir que cualquier persona que no sea un funcionario estatal o local pueda demandar a una persona que practique un aborto o "participe en una conducta que ayude o instigue" a uno.
En la primera semana después de que la ley de Texas entrara en vigor en septiembre, los abortos con medicamentos en el estado se multiplicaron por más de doce, según investigadores de la Universidad de Texas (UT) en Austin.
Los estados promulgaron por primera vez leyes que restringían las píldoras abortivas en 2010, dos años después de que Planned Parenthood empezara a ofrecer estos medicamentos en pequeñas poblaciones del Medio Oeste, a través de consultas de telesalud con profesionales médicos basados en ciudades más grandes.
Oklahoma promulgó la primera ley, que exige que el proveedor y la paciente estén en la misma habitación. Luego, en 2011, otros seis estados —Arizona, Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Tennessee— adoptaron requisitos similares.
Hasta el año pasado, más de la mitad de los estados habían prohibido la telesalud para el aborto con medicamentos o exigían una o más visitas en persona. Este año, los legisladores conservadores están redoblando la apuesta por esas leyes, dijo Elizabeth Nash, principal asociada de política de Guttmacher Institute.
"Cuando los opositores al aborto observaron lo que ocurría con la telesalud durante la pandemia, les resultó evidente que el acceso al aborto con medicamentos estaba aumentando", dijo Nash. "Lo que estamos viendo este año y el anterior es una reacción a eso".
Además, dijo, "con todos los indicios que apuntan a que [el Tribunal Supremo] perjudicará sustancialmente o incluso anulará el derecho al aborto, es una forma de cubrirse las espaldas y no poner todo su capital político en la promulgación de nuevas prohibiciones del aborto, que pueden o no sostenerse en los tribunales".
Según Guttmacher, al menos 21 estados ya cuentan con prohibiciones del aborto que podrían aplicarse si se anula Roe.
Clarke Forsythe, asesor principal de Americans United for Life, que se opone al derecho al aborto, coincidió en que los legisladores estatales harían bien en no dedicar sus esfuerzos a promulgar nuevas prohibiciones para el aborto, ya que aún no se sabe qué decidirá el alto tribunal en el caso de Mississippi, Dobbs versus Jackson Women’s Health Organization, que se vio el pasado otoño.
En su lugar, dijo, espera que más estados se centren en restringir el aborto con medicamentos ahora que FDA ha disminuido las regulaciones.
"A falta de que un estado intente prohibir por completo el aborto químico, yo esperaría que los límites para el aborto químico puedan aplicarse independientemente de la decisión de Dobbs", dijo Forsythe.
En el Distrito de Columbia y en los 23 estados que permiten el uso de la telemedicina para la prescripción de píldoras abortivas, las pacientes pueden obtener la medicación a través del correo usando una variedad de servicios en línea.
En los estados en los que la medicación abortiva a través de la telesalud es legal, los precios oscilan entre 150 y 375 dólares, con descuentos para quienes no pueden pagar, así como la posibilidad de cargarle las tarifas a Medicaid o a un seguro privado.
Las mujeres en los estados que prohíben la telesalud para el aborto con medicamentos también pueden adquirir las píldoras en línea, a través de un servicio médico en el extranjero llamado Aid Access, iniciado por un médico holandés en 2018. Las personas que buscan abortar pueden consultar con un profesional médico en línea o por teléfono, y recibir las píldoras en el correo por tarifas de hasta 150 dólares, dependiendo de sus ingresos.
"Hay una enorme discrepancia en cuanto al acceso al aborto en este país", dijo Elisa Wells, cofundadora de Plan C, una organización sin fines de lucro que apoya el acceso a los medicamentos para el aborto. "Es una injusticia que afecta de forma desproporcionada a las personas afroamericanas, de la comunidad LGBTQ+ y a otras personas marginadas".
"Pero, incluso en los estados en los que los legisladores se esfuerzan por obstaculizar el acceso al aborto con medicamentos", dijo, "existen estos servicios en línea que ofrecen vías alternativas de acceso".
