Feb. 11—Como estudiante excepcional y formidable polemista en la preparatoria Miami Palmetto, Ketanji Brown Jackson podía haber elegido entre muchas carreras, pero ya sabía exactamente lo que quería hacer.
"Quiero dedicarme a la abogacía y, con el tiempo, tener un nombramiento judicial", se le citó en el anuario Echo de 1988 de la preparatoria Palmetto, en un artículo premonitorio en el que se la nombraba al Salón de la Fama de la generación graduada.
Ahora está en la lista de candidatas del presidente Joe Biden para la cumbre de todos los nombramientos judiciales: un nombramiento histórico que pudiera convertirla en la primera jueza afroamericana de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero ese no es el único hito que distinguiría a Brown Jackson entre casi todos los demás jueces, pasados y presentes.
La jueza federal de apelaciones, de 51 años, pasó sus años de formación en el sistema de defensa penal, sobre todo como defensora pública federal adjunta en Washington DC. También fue abogada y comisionada de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, que revisaba drásticamente los encarcelamientos draconianos para los delincuentes de drogas. Los ocupantes de los nueve puestos de la Corte Suprema suelen proceder de tribunales de apelaciones federales, de grandes despachos de abogados o del mundo académico, con escasa o nula experiencia en defensa penal, el ámbito del derecho que afecta de forma desproporcionada a las minorías y a los pobres. El último juez de la Corte Suprema que tuvo experiencia en defensa penal fue Thurgood Marshall, el primer hombre afroamericano que formó parte del tribunal superior.
El abogado penalista miamense David O. Markus, ex defensor público federal que se graduó en la Facultad de Derecho de Harvard en 1997, un año después que Brown Jackson, cree que aportaría una perspectiva fresca que serviría a todo el tribunal.
"No solo es importante la diversidad en el sentido tradicional; la diversidad profesional también es fundamental", dijo Markus. "Nombrar a una ex defensora ni siquiera igualará la balanza, pero al menos alguien que ha experimentado lo que es defender un caso contra el abrumador poder del gobierno federal tendrá un lugar para escucharse".
La propia historia familiar de Brown Jackson durante los años 80 en Miami, un período que la expuso a ambos lados de la ley, también influyó mucho en el camino legal que siguió como abogada y jueza, según ha reconocido ella misma en anteriores audiencias de confirmación en el Senado. Fue criada en la suburbana de Cutler Bay por dos educadores: una madre que fue directora de una escuela secundaria y un padre que enseñó Historia y más tarde fue abogado de la Junta Escolar de de Miami-Dade. También tenía dos tíos y un hermano que fueron policías.
Pero también había un delincuente en el árbol genealógico, un tío condenado a cadena perpetua por tráfico de cocaína en 1989, justo un año después que ella se graduara en la preparatoria Palmetto.
En su ceremonia de juramento como jueza federal de apelaciones en 2013, el juez Stephen Breyer, el magistrado que se jubila y al que podría sustituir en la corte, elogió a Brown Jackson, que había sido su asistente legal después de graduarse en la Facultad de Derecho de Harvard, señalando cómo sus experiencias profesionales y de vida habían influido en su pensamiento jurídico. "Ella ve las cosas desde diferentes puntos de vista, ve el punto de vista de otra persona y lo entiende", dijo Breyer.
'Los presidentes no son reyes'
Esos antecedentes, junto con sus escritos y sentencias, subrayan porqué se le ha mencionado entre un puñado de juezas prominentes que cumplirían la promesa de campaña de Biden de nominar a una mujer afroamericana para el tribunal superior. Sus partidarios dicen que su historial refleja a una jueza de estilo metódico, fiel a la ley y que, aun cuando no es ideóloga, es probable que se ponga del lado de los valores demócratas tradicionales; un objetivo importante para los progresistas que esperan contrarrestar a la mayoría conservadora en la Corta Suprema que fue instalada por el entonces presidente Donald Trump y los republicanos del Senado.
Hasta la fecha, sus sentencias de más alto perfil desde la judicatura federal —y las que probablemente serán más analizadas por la Casa Blanca y en las audiencias de confirmación en el Senado— reflejan interpretaciones estrechas de la ley. Como jueza federal del Distrito de Columbia, falló en 2019 de Trump tenía que obedecer una citación del Congreso que buscaba su testimonio sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
"Los presidentes no son reyes", escribió Brown Jackson, señalando que los funcionarios actuales y anteriores de la Casa Blanca deben su lealtad a la Constitución. "No tienen súbditos, obligados por la lealtad o la sangre, cuyo destino tienen derecho a controlar".
Más recientemente, como jueza del Tribunal Federal de Circuito de Washington DC, Brown Jackson se unió a un panel para dictaminar que el gobierno de Trump tenía que entregar los registros de la Casa Blanca relacionados con la insurrección del 6 de enero de 2021, que tenía como objetivo impedir la certificación del Congreso del voto del Colegio Electoral a favor de Biden.
En su primera opinión de apelación este mes, Brown Jackson apoyó la impugnación de una importante organización laboral al importante cambio de política de la administración de Trump en 2020 que limita los derechos de negociación colectiva de los empleados sindicalizados federales. Su fallo anuló esa política, pero pudiera ser apelado de nuevo. Los recientes jueces nominados por los republicanos han tendido a favorecer los intereses corporativos y administrativos.
Apoyo bipartidista en el pasado
Amigos y observadores dicen que Brown también tiene el beneficio de una personalidad que tanto aliados como adversarios encuentran encantadora, incluso entre varios miembros conservadores del Senado que han confirmado sus nombramientos presidenciales para los tribunales federales y la Comisión de Sentencias en tres ocasiones. El año pasado fue elevada al Tribunal de Circuito Federal de Apelaciones de Estados Unidos en DC en una votación de confirmación del Senado de 53 a 44 que incluyó a tres republicanos, pero no a los dos senadores republicanos de la Florida. El senador Rick Scott votó en contra de su confirmación y el senador Marco Rubio, de Miami, no participó en la votación.
Un nombramiento fundamental para la Corte Suprema, por supuesto, se perfila como mucho más polémico. Algunos comentaristas republicanos ya han planteado la raza como un problema, sugiriendo que la promesa de Biden de nombrar a una mujer afroamericana favorece "el color de la piel por encima de las calificaciones", sin nombrar a Brown Jackson o a otras candidatas ni examinar sus historiales.
El senador Roger Wicker, republicano de Mississippi, dijo que la declaración de Biden de seleccionar a una mujer afroamericana para la Corte Suprema sería un "beneficiario" de una "cuota" de acción afirmativa, lo que provocó una reprimenda de la Casa Blanca.
"La mayoría del tribunal puede decir a gran escala que es inconstitucional. Veremos cómo funciona esa ironía", dijo Wicker, y añadió que quien sea nominada por Biden "probablemente no obtendrá ni un solo voto republicano".
Presidenta de clase en Palmetto
Su propia historia, dicen amigos y partidarios, indicaría que Brown Jackson está a la altura de un agotador proceso de confirmación.
Desde que estaba en la preparatoria Palmetto, desarrolló una fuerte ética de trabajo y un espíritu competitivo rodeada de estudiantes inteligentes que gravitaban hacia el club de debate, donde se destacó como oradora y escritora en torneos locales, estatales y nacionales. Pero no solo era inteligente con los libros, dijo el abogado miamense Stephen Rosenthal, que asistió a la preparatoria Palmetto y se unió a ella en el Salón de la Fama de la escuela, y también fue al Harvard College y a la Escuela de Derecho de Harvard con Brown Jackson. Era popular, fue elegida presidenta de la clase en tres ocasiones y elegida como "alumna favorita de último año".
Cuando la dejaron en el competitivo y mundano campus de Harvard, "simplemente prosperó", dijo Rosenthal. Se unió a un grupo de improvisación y tomó clases de teatro, además de especializarse en gobierno, y se graduó magna cum laude. Pasó un año como reportera en la revista Time antes de ir a la Escuela de Derecho de Harvard, donde fue directora editora de la publicación Harvard Law Review.
"Era una activista formidable, pero a la que los adversarios del debate respetaban y querían", dijo Rosenthal, recordando su época de compañeros de clase en la Escuela de Derecho de Harvard, donde ambos se graduaron en 1996.
Ese mismo año, Brown Jackson se casó con Patrick G. Jackson, un compañero de clase de Harvard que se hizo cirujano. Él está emparentado por matrimonio con Paul Ryan, ex líder de la Cámara de Representantes y candidato republicano a la vicepresidencia. En su audiencia de confirmación de 2012 para ser jueza de un tribunal federal, Ryan calificó a Brown Jackson de "claramente calificada" y "una persona increíble" en su testimonio.
Brown Jackson no regresó al sur de Florida, pero sus padres siguieron trabajando en las escuelas públicas de Miami-Dade. Un tío, Calvin Ross, ascendió hasta convertirse en jefe de Policía de Miami. Otro tío hizo una larga carrera en la Policía de Miami-Dade y fue como detective de delitos sexuales.
Pero también tenía otro tío, Thomas Brown Jr., que se metió en repetidos problemas con la ley y quien tendría un claro impacto en ella en su adultez.
Mucho después que ese tío fuera sentenciado a cadena perpetua en 1989 por tráfico de cocaína en un tribunal federal de Miami, se puso en contacto con Brown Jackson para pedirle ayuda cuando ella empezó a trabajar en 2005 como defensora pública federal adjunta en el Distrito de Columbia, según un artículo publicado recientemente en el Washington Post. Ella remitió su caso de clemencia a un despacho de abogados de Washington DC que realizaba trabajos pro bono, y el presidente Barack Obama conmutó la sentencia del tío una década más tarde como parte de numerosos casos de clemencia relacionados con delincuentes de drogas no violentos.
Impulsada por el servicio público
En sus inicios, la carrera jurídica de Brown Jackson incluyó prestigiosos cargos a nivel de distrito federal, tribunal de apelaciones y la Corte Suprema, junto con períodos como abogada civil en importantes despachos de abogados en Boston y el DC.
Pero, como dijo Brown Jackson en un cuestionario de la Comisión Judicial del Senado el año pasado, se sintió obligada a dedicarse a un campo del derecho menos lucrativo: "Teniendo en cuenta estos antecedentes familiares, no había duda de que gravitaría hacia el servicio público en algún momento de mi carrera jurídica", escribió.
Comenzó con la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, trabajando como asesora especial adjunta sobre reformas legislativas sobre las directrices penitenciarias federales y luego decidió que necesitaba aprender más sobre la práctica del derecho penal. Vio la Oficina Federal de Defensores Públicos como una "oportunidad para ayudar a las personas necesitadas" y "para promover los valores constitucionales fundamentales", señalando que los acusados que no pueden pagar un abogado privado tienen "derecho a la asistencia de un abogado".
En su cuestionario de la Comisión Judicial del Senado, Brown Jackson incluyó cuatro casos de defensora pública federal en su lista de 10 litigios principales.
Brown Jackson, que se centró en las apelaciones de delincuentes condenados durante sus tres años en la oficina de defensores públicos, se metió en el marasmo de la política posterior al 11 de septiembre cuando representó a un detenido llamado Khi Ali Gul que refutaba a la administración de Bush por su clasificación de "combatiente enemigo" y su detención en la Base de Guantánamo, Cuba. Redactó una serie de peticiones, incluida una en lue solicitaba a un juez federal que reconsiderara una orden de desestimación del caso por falta de jurisdicción. El caso fue finalmente consolidado con otros litigios de Guantánamo y transferido a un juez diferente.
Se le preguntó a Brown Jackson si había elegido representar al detenido o si había considerado alguna vez la posibilidad de renunciar a su trabajo en lugar de defenderlo.
"En virtud de las normas éticas que aplican a los abogados, tiene el deber de representar a sus clientes con celo, lo que incluye abstenerse de contradecir los argumentos legales de su cliente y/o socavar los intereses de su cliente declarando públicamente el propio desacuerdo personal de abogado con la posición legal o el supuesto comportamiento de su cliente", respondió Brown Jackson en su cuestionario.
En otros tres casos de apelación en la oficina de defensores públicos, Brown Jackson consiguió que se anulara la condena por evasión fiscal de un ex abogado demostrando que los fiscales federales usaron evidencia no permitida; volvió a prevalecer a favor de un acusado condenado en juicio por posesión ilegal de un arma de fuego, demostrando que no había evidencia suficiente y que la selección del jurado fue inadecuada; y obtuvo una nueva sentencia para un acusado condenado por fraude argumentando que un juez federal no siguió las normas del procedimiento penal.
Luego volvió a la Comisión de Sentencias de Estados Unidos como comisionada y vicepresidenta, un nombramiento de Obama. En 2012, el presidente la nominó para jueza de un tribunal federal de distrito en Washington DC. y fue confirmada por el Senado al año siguiente.
Jon Sale, destacado abogado penalista de Miami que es representante del Tribunal Federal de Apelaciones del Onceno Circuito en la comisión asesora de sentencias federales, dijo que Brown Jackson tuvo la "rara distinción" de ser una integrante del personal de la Comisión de Sentencias que luego fue nominada por un presidente para ser comisionada.
Sale, que también fue fiscal federal de Nueva York y del sur de la Florida, dijo que el historial de Brown en la Comisión reflejaba una mente abierta y receptiva a "los comentarios de un amplio espectro de personas". Cree que su trabajo como asistente legal del juez Breyer, en proceso de retiro, "probablemente fue una influencia temprana en el desarrollo de su enfoque analítico y pragmático, más que ideológico".
Al igual que el juez Breyer, que fue el pionero de las directrices federales para la imposición de sentencias a mediados de la década de 1980, Brown Jackson era conocida como "creadora de consenso" durante su tiempo como comisionada y vicepresidenta, dijo Sale. También de forma similar al juez Breyer, sus comentarios públicos mientras ejercía sus cargos demostraban su preocupación por el impacto de sus acciones en la vida de las personas, dijo.
"Cuando la jueza Jackson regresó a la Comisión de Sentencias, después de ser nominada por [el presidente Obama] para ser vicepresidenta de la Comisión, fue una líder en el esfuerzo bipartidista para reducir las penas por delitos relacionados con el crack y la cocaína", dijo Sale. "Esos esfuerzos dieron como resultado que más de 30,000 personas pudieran solicitar la reducción de sus sentencias".
Las acciones de la Comisión condujeron a la mayor liberación de presos federales, muchos de ellos de minorías, en la historia de Estados Unidos.
Casos políticamente explosivos
Durante su audiencia de confirmación en el Senado el año pasado, Brown Jackson también destacó su trabajo como jueza de un tribunal federal de distrito en DC entre 2013 y 2021, donde presidió varias impugnaciones a acciones de agencias ejecutivas y cuestiones de derecho administrativo.
El asunto políticamente más explosivo involucró al ex presidente Donald Trump: En 2019, dictaminó que el ex asesor de la Casa Blanca Donald F. McGahn II tenía que responder a una citación del Congreso que buscaba su testimonio sobre la injerencia extranjera en las elecciones presidenciales de 2016.
El gobierno de Trump, que argumentó que el presidente tiene la facultad de impedir que sus ayudantes respondan a las citaciones legislativas basándose en la inmunidad testimonial absoluta, apeló sus fallos. Mientras se revisaba el recurso, McGahn acabó declarando a puerta cerrada el año pasado en virtud de un compromiso con los demócratas de la Cámara de Representantes.
Pero como informó recientemente el New York Times, la larga deliberación de Brown Jackson en el caso de McGahn "también le ayudó indirectamente al consumir casi un tercio de un año para resolver lo que no era más que la primera etapa de un caso que inevitablemente sería apelado, incluyendo la redacción de una opinión de 120 páginas".
"Su manejo de ese caso fue un excelente ejemplo de cómo el equipo legal del señor Trump usó con éxito el lento ritmo de los litigios para hacer correr el reloj en los esfuerzos de supervisión del Congreso, ganando efectivamente a pesar de las sentencias judiciales en su contra", informó el Times.
Brown Jackson parece haber aprendido rápidamente una lección sobre las consecuencias del retraso judicial.
Como parte de un panel de apelación de tres jueces, ella y sus colegas tardaron menos de un mes en fallar sobre la impugnación de la administración de Trump a una citación del Congreso para la entrega de los registros de la Casa Blanca relacionados con la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. El panel falló que los registros de la Casa Blanca debían ser entregados al Congreso y la Corte Suprema ratificó rápidamente esa decisión en enero.
Esta historia fue publicada originalmente el 11 de febrero de 2022 7:00 am.
